Santo Domingo (República Dominicana).- El miembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ), magistrado Modesto Martínez Mejía, advirtió que la evaluación del sistema de administración de justicia es desastrosa, por las falencias que ocasionan dificultades a las personas que acuden a resolver sus conflictos.
Martínez Mejía asegura que el sistema de administración de justicia no solo se les complica a personas vulnerables y afectadas por la pobreza, sino también a los propios abogados.
Expresó que los jueces están trabajando en condiciones muy precarias, en medio de muchas carencias y con falta de todo, empezando con recursos para el sistema de administración justicia y señaló que hace muchos años que no se aumentan los salarios y se necesitan mejores condiciones para trabajar.
El magistrado Martínez Mejía plantea que es tan engorroso el funcionamiento del sistema que una persona común, que no entra dentro de los grupos vulnerables, se le hace difícil acceder a la justicia y considera que el sistema está sobresaturado porque no se corresponden la cantidad de tribunales, jueces ni personal con el número de procesos que entra cada año, debilidad que se debe conciliar porque origina la mayoría de los males que padece la justicia.
«Usted se encuentra con un tribunal civil que tiene 60, 70 audiencias por día, un tribunal penal que tiene 15, 20, 30, entonces esa sobresaturación causa un efecto muy negativo en todo lo que es la administración, en todo lo que es la gestión», acotó el magistrado entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
El consejero del Poder Judicial sostuvo que no se puede gestionar ese volumen de casos con las herramientas con las que cuentan actualmente los jueces y servidores judiciales, lo cual hace que los procesos se dilaten más de la cuenta.
Martínez Mejía indicó que el juez aplaza entre el 60 y 80% de los procesos que tienen fijados día a día lo cual se conecta con otra debilidad que denomina elasticidad procesal y opinó que hay una flexibilidad muy grande que tiene un mal de origen, porque los procesos se colocan en el sistema sin estar listos para conocerse.
Citó el acceso a la justicia como uno de los grandes impedimentos que hay que salvar y resolver, porque en un estado de derecho en el que se quiere construir una sociedad vinculada con los parámetros de la justicia, hay que propiciar el acceso.
«Porque el otro camino es que las personas renuncien a dirimir sus diferencias por ante los canales regulares con todas las consecuencias que eso trae, cuando las personas no pueden acceder a la justicia, sufre una desconexión, una movilidad social de desconexión, que lo estamos viendo con la falta de interés de un gran núcleo social por los temas regulares de la nación», agregó.
Proclamó que es inaplazable la solución de los problemas en el sistema de administración de justicia, porque son tantos los vicios que además del acceso, otras de las debilidades detectadas es el alto costo de la justicia.
«Ir a los tribunales en este país, acudir a la justicia, eso es un asunto para personas con una buena posición económica porque a los que no tienen recursos se les hace difícil acceder a la justicia», argumentó el magistrador al comentar que es lamentable decirlo, pero las personas que tienen pocos recursos solo acuden a la justicia en calidad de imputados y no como usuarios de un sistema al que tienen derecho a reclamar y validar las pretensiones de las que ellos tengan interés.
