San Juan (Puerto Rico).- La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes inició el análisis del Proyecto de la Cámara 437, para enmendar la “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico” (Ley 335-1999), para aclarar que el 35 por ciento de los ingresos por concepto de derechos e imposición de multas, serán remitidos a los municipios en los que estén ubicados los anuncios, independientemente sean autónomos o no.
Durante los trabajos, Vianca Rivera Román, asesora legislativa en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), manifestó que el código objeto de estudio debe verse en conjunto con las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico del 2020.
Rivera Román expresó que mediante estas dos legislaciones, se establecen las facultades sobre ordenación territorial que pueden ser transferidas a los municipios autónomos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), de acuerdo con un orden ya establecido, el cual reserva las facultades de evaluación y autorización de permisos para la instalación de anuncios y rótulos, a aquellas jurisdicciones que han alcanzado las jerarquías II y III.
La funcionaria enfatizó que para alcanzar estas jerarquías, los municipios deberán tener aprobado un Plan Territorial vigente y establecer una oficina de permisos.
“Vemos que en sus disposiciones actuales la Ley 355-1999 responsabiliza a la OGPe de remitir el 35 por ciento de los derechos cobrados, únicamente a aquellos municipios autónomos con oficinas de permiso y esto se debe, en parte, a que estos municipios cuentan con el conocimiento y la estructura municipal y fiscal para, entre otras cosas, administrar los fondos conforme a las obligaciones que les impone la ley, al ser receptores de facultades que, de ordinario, están reservadas para las agencias, en este caso la OGPe y la Junta de Planificación”, indicó la asesora legal.
Por lo tanto, Rivera Román enfatizó que el DDEC entiende que estos derechos cobrados deben ser remitidos únicamente a aquellos municipios autónomos con oficinas de permisos, ya que “responden al mejor interés público y se atemperan a las disposiciones legales tanto del Código Municipal de Puerto Rico como de la ley 161-2009”, tal cual dispone que la OGPe asuma las facultades que tenía antes ARPE.
En tanto, Israel Pagán, abogado de OGPE, comentó que el DDEC podría endosar la medida “si se estudia de qué manera esto no va a impactar negativamente a la OGPe, que es quien tiene la facultad de expedir el permiso y es el recipiente de estos derechos”.
