Por José Alejandro Vargas
Es una realidad indiscutible que el Poder Judicial dominicano carece de la capacidad y de los recursos suficientes para resolver todos los conflictos que se presentan en los territorios bajo su competencia. En esta circunstancia, resultan más afectados quienes no poseen los recursos necesarios para acudir al sistema de justicia.
Las personas en situación de pobreza, por regla general, no se encuentran en capacidad de iniciar o sostener un proceso jurisdiccional completo, pues no pueden pagar un abogado ni asumir los costos procesales que demanda el sistema. Esto las coloca en una situación de desigualdad frente a quienes sí cuentan con mejores condiciones económicas. Una solución frecuentemente adoptada por muchos países frente a los costos excesivos de los procesos judiciales ha sido la exoneración del pago de las tasas judiciales para personas de escasos recursos. Sin embargo, esta medida, aunque necesaria, resulta insuficiente.
En la mayoría de los países existen programas de defensa pública destinados a personas con limitaciones económicas; no obstante, dichos programas se orientan principalmente a los casos penales. Los Estados han entendido que la obligación de asegurar el derecho a la defensa técnica se circunscribe esencialmente al ámbito penal y a la protección del imputado. En algunos casos, se han implementado programas de asistencia legal gratuita para atender causas laborales, civiles o administrativas. Sin embargo, sus resultados suelen ser limitados, pues la falta de presupuesto impide expandir estos servicios o atender la demanda creciente de la población.
Ante esta realidad, los Estados deben promover iniciativas propias, de la sociedad civil o mixtas, que contribuyan a aliviar esta gran limitación para acceder a la justicia: la incapacidad económica de los ciudadanos. En efecto, la situación económica continúa siendo una de las barreras más relevantes que impiden el acceso pleno a la justicia.
Otra dimensión que obstaculiza este acceso son los factores económicos, geográficos y culturales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, convirtiéndose en barreras de género. Estas barreras responden a la discriminación estructural que sufren muchas mujeres, a las cuales se les dificulta acceder a sus derechos en condiciones de igualdad, lo que implica una doble victimización. Resulta indispensable incorporar la perspectiva de género en el análisis de los obstáculos que impiden el acceso a la justicia, pues ello permite constatar de qué manera los factores económicos, culturales y territoriales afectan de forma distinta a mujeres y hombres en cada sector social.
Las mujeres, en general, se encuentran en inferioridad de condiciones. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los 1,500 millones de personas que viven con un dólar o menos al día son mujeres. Además, la brecha económica entre ambos géneros se ha ampliado durante el último decenio, fenómeno conocido como “la feminización de la pobreza”. A nivel mundial, las mujeres ganan, en promedio, un poco más del 50 % de lo que perciben los hombres.
En cuanto a las personas con discapacidad, las barreras institucionales cobran especial relevancia. Si las deficiencias del sistema de administración de justicia afectan a cualquier usuario, las personas con discapacidad sufren estas limitaciones de forma agravada. Para quienes tienen discapacidad física, la falta de infraestructura adecuada constituye un obstáculo evidente; mientras que para quienes tienen discapacidad mental, la carencia de personal capacitado dificulta aún más el acceso a un servicio digno y efectivo.
En ambos casos, la ausencia de equipos interdisciplinarios complica la atención especializada que estos usuarios requieren. Su situación, frecuentemente marcada por extrema pobreza, altas tasas de desempleo y acceso limitado a servicios públicos esenciales —educación, salud, vivienda, transporte y asistencia legal—, profundiza su marginación social y cultural.
La estrecha relación entre pobreza y discapacidad agrava aún más el panorama: la mayoría de estas personas se encuentran desempleadas o fuera del mercado laboral. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de esta marginación sobre la sociedad son profundas y sostenidas.
El acceso a la justicia para las personas con discapacidad constituye un derecho fundamental, orientado a garantizar su posibilidad real de utilizar los sistemas, procedimientos e instalaciones de la administración de justicia. En este sentido, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas que permitan la inclusión plena de estas personas y elimine las barreras que hoy les impiden ejercer sus derechos con plenitud.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
