Por José Alejandro Vargas
Es innegable que el acceso a la justicia, concebido como un derecho esencial, es un eslabón determinante para robustecer el Estado Social y democrático de derecho y potenciar el desarrollo humano. La administración de justicia, como parte de la función del Estado, tiene a su cargo la solución jurídica de los conflictos de la población. Se trata de un servicio público, que en una democracia no es una manifestación de poder, sino un instrumento fundamental para el logro de una convivencia social pacífica y equilibrada. Una garantía para el respeto de los derechos de todas las personas.
Quienes realizan esa labor, son gestores de los intereses de la comunidad y están obligados a responder ante ella, de manera eficiente y adecuada. Por eso los Poderes Judiciales no pueden permanecer ajenos a los problemas de la población. La estructura, organización y políticas judiciales, se ejecutan en un contexto social y el conocimiento de su problemática, de las desigualdades que en él se producen, se convierte en un factor determinante para resolver de manera equitativa los conflictos.
Los Estados se obligan, vista la normativa internacional, a dos aspectos fundamentales en materia de acceso a la justicia: a) Obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el acceso a la justicia, y b) Obligación de establecer mecanismos de asistencia profesional gratuita. Estas reglas obligan a los Estados, por una parte, a establecer mecanismos de asistencia jurídica gratuita, especialmente para acciones judiciales de mayor complejidad técnica y, por otra, a revisar los costos de los procesos y la localización de los tribunales.
A su vez, contar con mecanismos de asistencia jurídica gratuita tiene como objetivo evitar la discriminación en el acceso a la justicia de las personas que por su posición económica no pueden obtener la tutela de sus derechos y solución de sus conflictos. Tratándose de los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así como aquéllos de alta complejidad técnica, la CIDH ha sostenido la necesidad de incrementar aún más la provisión de este tipo de servicios.
En América Latina persisten distintas barreras que limitan el acceso a la justicia para la población, en particular para los grupos más vulnerables, estas barreras ordinariamente son llamadas “barreras institucionales”.
En efecto, se pueden mencionar problemas como el de la discriminación étnica y cultural que afecta a los Pueblos Indígenas, «al desconocer y desconfiar estos del sistema de justicia y, este, de las culturas, las lenguas, los razonamiento y formas de solución de controversias, conflictos y las sanciones que imparten en la justicia indígena» (barreras culturales y lingüísticas); el costo que entrañan los procesos para personas que viven en pobreza o pobreza extrema y la ausencia o déficit en muchos países de defensores públicos o asistencia legal gratuita (barreras económicas). Asimismo, la existencia de prejuicios y estereotipos de género en los funcionarios del sistema de justicia que colocan en desventaja a las mujeres y la ausencia de servicios jurídicos especializados para mujeres» -barreras de género- (Javier de la Rosa)
Estos obstáculos mencionados aquí no son los únicos; sin embargo, constituyen los más palpables y los que principalmente contribuyen a generar situaciones de sistemática vulneración y exclusión de ciertos sectores de la población con relación al derecho de acceso a la justicia. Aunque, lógicamente, no podemos soslayar las barreras procesales y procedimentales que crean incuestionables dificultades al momento de acceder a la justicia.
Se hace referencia con estas barreras a aquellos procedimientos, requisitos y actuaciones procesales que pueden significar una afectación o traba para personas en estado de vulnerabilidad, sea por un exceso de formalismo o porque las características de los actos procesales afectan de forma diferenciada a distintos usuarios debido a factores particulares de ellos mismos o por circunstancias sociales o económicas.
Entre los problemas más comunes se encuentran la burocratización del sistema de justicia, la cantidad de procedimientos y requisitos requeridos a lo largo de un proceso judicial que dificultan y desincentivan el seguimiento del proceso. Dentro de esta burocratización incide, por supuesto, la presentación de documentos escritos para cada acto procesal, así como el incumplimiento de los plazos del proceso (especialmente el tiempo de comparecencias y audiencias). Todas estas dificultades terminan fastidiando el espíritu de aquel que busca justicia y acaba frustrado por su incapacidad de remover los tantos escombros que precisamente obstaculizan el acceso a esa justicia.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
