Por José Alejandro Vargas
Uno de los problemas que generan mayor dificultad y retraso respecto a la administración de justicia, en especial para personas de escasos recursos, es la organización o gestión deficiente del despacho judicial. Esto genera déficits operativos más o menos sustanciales porque derivan en incremento de costos del proceso, esto es, dan pie a que lo habitual sea la pérdida de tiempo y, con ello, la insatisfacción de las necesidades jurídicas por las cuales se acude al sistema de justicia.
Al respecto, tomando como referencia al Perú de 1996 a 2005, se explicó que la cantidad de expedientes ingresados al Poder Judicial puede ser entendida como la demanda por acceso a la justicia, en tanto define la cantidad de casos que llegan a la vía judicial (Wilson Hernández). En ese sentido, la distribución de la carga procesal, así como el incremento de causas pendientes por resolver, genera un constante retraso y acumulación de trabajo para el juez, por cuyo motivo no resuelve oportunamente o admite o inadmite causas de forma apresurada. Este aspecto puede influir de forma negativa en cualquier tribunal.
Asimismo, la falta de capacitación de los operadores a nivel administrativo sobre estrategias de gestión, nuevas tecnologías y atención del usuario configura otro problema que podría limitar la fluidez del proceso y del servicio en general. De igual forma, la falta de separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas, en el caso de los jueces, genera tanto una mala gestión producto de una falta de preparación como una reducción en el tiempo que se dedica a la función jurisdiccional.
Los esfuerzos institucionales para superar barreras de acceso a la justicia, en cualquiera de sus formas, pueden observarse en varias gestiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional.
La preparación de los ambientes para todo tipo de usuarios, juntamente con la necesidad de contar con un servicio interdisciplinario, resulta esencial cuando se trata de personas en estado de vulnerabilidad, especialmente en los casos de discapacidad. Los esfuerzos institucionales para superar barreras de acceso a la justicia, en cualquiera de sus formas, pueden observarse en varias gestiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional.
En el primer caso, el Poder Judicial implementó el denominado Plan Estratégico del Poder Judicial, Visión Justicia 20/24, con la finalidad de facilitar el acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. En la gestión de este punto se creó la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, concretada en líneas de acción tales como: difusión de derechos y deberes para facilitar el uso del sistema de administración de justicia, adecuación del servicio a necesidades de personas en condición de vulnerabilidad y monitoreo de casos de alto impacto; así como implementando objetivos de adecuación de infraestructuras, uso de métodos alternos de resolución de conflictos y servicio digital.
En cuanto a la justicia constitucional, se refiere a la eliminación de barreras de acceso; se fundamenta en el desarrollo de mecanismos procesales que refuerzan y amplían la legitimación para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, de manera que al criterio sustentado por la sentencia TC/0345/19 se une el precedente establecido por la sentencia TC/0028/22, en virtud de la cual tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia con lo previsto en los arts. 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía.
En el orden administrativo, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que la Dirección de Comunicaciones mantenga en adecuadas condiciones de acceso al portal web institucional, con información actualizada, como también ha gestionado la actualización y entrega de información al ciudadano, entre otras medidas. Varias de estas medidas forman parte de las conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en Cartagena de Indias en 2019.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
