Por Narciso Isa Conde
La barcaza que opera en Pueblo Viejo-Azua, fue instalada a la cañona y puesta a funcionar en un área protegida, ecológicamente muy frágil y de gran valor. Es una planta flotante de 178 mega watts de la empresa turca KARPAWERSSHIP, ubicada a 100 metros de la playa de Los Negros y a 500 del principal manglar de la zona.
La Barcaza se agrega a otra planta de 100 megas, a la Estación de GLP y a la correa de transporte de cemento y clinker de la Cementera Santo Domingo de la familia Abinader, que conecta con el puerto; sumando más riesgos contaminantes a una valiosa área protegida, refugio de vida silvestre, manglares, manatíes y cardúmenes.
No valieron las advertencias sobre la ilegalidad de tal decisión, ni sobre los graves daños ecológicos que podía producir, ni sobre la agresión a los derechos y a la vida misma de la comunidad de pescadores y los moradores de la zona.
Las valoraciones de la Comisión Ambiental de la UASD y la Academia de Ciencia fueron despreciadas. También las voces y protestas de las comunidades cercanas. Se impuso el interés empresarial privado por sobre el interés nacional y social.
Los recientes derrames y explosiones de la barcaza -contratada como nueva, siendo vieja-no han tardado en darle la razón al movimiento ambientalista nacional y a las comunidades y organizaciones que alertaron numerosas veces sobre el posible desastre; el cual puede repetirse y ocasionar daños irreversibles mientras la barcaza esté en ese lugar.
Eso fue advertido, por lo que las culpas del presidente Abinader y sus ministros de energía y mina y de medio ambiente y recursos naturales, son mayores; no solo por no detener las ilegalidades, sino por asumir además la defensa de tan evidente agresión al medio ambiente.
La reacción oficial no simplemente debe ser ordenarles a los operadores de la planta flotante “detener el derrame”, o comunicar que en estos días ha detectado sancionables violaciones de la empresa privada al protocolo establecido.
Todo esto necesariamente hay que situarlo en el oscuro e inaceptable terreno de la ilegalidad, las agresiones destructivas y contaminantes al medio ambiente y el tráfico de influencia empresarial; presentes los miedos que influyeron para dejar pasar las decisiones e intereses de las altas jerarquías del poder establecido.
El caso obliga a exigir una investigación a fondo, el debido procesamiento judicial y sanciones ejemplares. Pero de inmediato hay que seguir demandando la anulación de ese contrato y el urgente retiro de esa barcaza del lugar donde fue ubicada.
narsoisa@gmail.com
(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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