San Juan (Puerto Rico).- La industria bancaria advirtió este jueves que la población de adultos mayores estaría en una posición más vulnerable ante los delitos cibernéticos de establecerse una medida que busca obligar a las instituciones financieras a proveer a sus clientes la opción de realizar la totalidad de las transacciones en línea.
Entidades públicas y privadas expresaron sus preocupaciones con el Proyecto de la Cámara 147, que enmendaría la Ley de Bancos de Puerto Rico (Ley 55-1933) para añadir este requerimiento, analizado en una audiencia pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, presidida por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez.
“Es harto conocido que la población adulta mayor lleva a cabo muchas de sus diligencias y transacciones del diario vivir de manera presencial, ya que es parte de su desempeño psicosocial y el mantenimiento de su salud y movilidad. Existe un elemento humano en la atención personal que jamás podrá ser sustituido por el servicio virtual”, destacó José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico.
Acarón expuso que la explotación financiera, el robo de identidad y el lavado de dinero son algunas de las amenazas a las que estaría expuesto este grupo, toda vez que los adultos de 60 años o más representan el 30% de la población de Puerto Rico.
Según un estudio desarrollado por “Bank Safe”, una iniciativa de AARP, los adultos mayores valoran más los servicios bancarios que implican interacción personal.
Sin embargo, el análisis reveló que casi un 63% de esta población efectúa operaciones bancarias en línea o a través de una aplicación móvil al menos una vez por semana, por lo que Acarón resaltó que la digitalización es una necesidad que debe implementarse en casos específicos.
A modo de ejemplo, mencionó el servicio de banca a domicilio, que ya ofrecen algunos bancos en Estados Unidos, dedicado a personas mayores de 70 años o clientes con discapacidad que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos por la institución bancaria.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico coincidieron en que la legislación abre la puerta a una diversidad de riesgos que abarcan desde el cierre de sucursales de instituciones medianas o pequeñas, hasta distintas modalidades de fraude bancario.
“Esto tiene un impacto económico desigual y (pone) en riesgo la estabilidad del sistema. No todas las instituciones financieras cuentan con la estructura tecnológica, ni con los recursos económicos, ni con el apetito de riesgo necesario para implementar plataformas que soporten la totalidad de sus servicios en línea”, manifestó Mónica Rodríguez Villa, subcomisionada de la OCIF.
Rodríguez Villa señaló que la propuesta legislativa podría interpretarse como una “intromisión indebida en el libre mercado”, al tiempo que se opuso al “absolutismo” en el lenguaje, e inforó que la agencia no descarta apoyar el proyecto con la condición de que sea enmendado para eliminar el mandato uniforme de digitalización total.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, reiteró su rechazo al proyecto tras opinar que coloca a las instituciones bancarias en una situación de arriesgar su salud y solidez financiera, y alertó que esta exigencia podría resultar “imposible y extremadamente costosa” particularmente para los bancos de mayor tamaño.
A la fecha, en Puerto Rico hay nueve bancos comerciales, dijo Álvarez Rubio.
Por su lado, el representante Ángel Morey Noble, autor de la medida, defendió la intención de facilitar los servicios bancarios a los adultos mayores que padecen de problemas en su movilidad y enfrentan dificultades para realizar transacciones presenciales. El legislador sometió el cuatrienio pasado un proyecto con el mismo fin que fue aprobado en la Cámara, pero no prosperó en el Senado.
“La intención legislativa es ayudar a los adultos mayores a que tengan mejor acceso. Esto viene a base de constituyentes que tienen sobre 80 años, que han tenido dificultades con sus hijos en hacer transacciones bancarias en las sucursales y, a la misma vez, tienen condiciones que les limitan su movilidad hacia la sucursal”, expresó Morey Noble.
