Santo Domingo (República Dominicana).- La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entrevistaron al empresario Pablo Cabrera, con relación a su denuncia de las presuntas irregularidades en un proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI).
El Ministerio Público informó que los interrogatorios forman parte de las diligencias de investigación que realizan dentro de las estrategias que articula el Ministerio Público para investigar de manera exhaustiva y a profundidad cada uno de los hechos que hayan ocurrido en torno al caso.
Las presuntas irregularidades en la licitación se habrían producido en el actual período de cuarentena por el Covid-19, para la adquisición de kits de alimentos.
Luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en el proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
El Ministerio Público informó en un comunicado que a partir de este lunes 20 de abril serán interrogados los miembros de la comisión de licitación, en el marco de la investigación del caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia.
Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., denunció a través de un programa de televisión, actos de corrupción que presuntamente se cometían en el proceso de contratación que realizaba el INAIPI para la adquisición de los kits de alimentos.
El Ministerio Público dijo que de comprobarse violaciones penales en los hechos denunciados, que de por si constituyen una violación a la Ley número 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar adicionalmente a la cancelación, sanciones penales.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuar conforme lo establecen las leyes de rigor.
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