La suspensión de la docencia en las escuelas públicas raya en la insensatez y la necedad de los maestros, un privilegiado segmento de la sociedad que se cree intocable, el Non Plus Ultra (la máxima perfección), que no les importa el daño que están haciendo con sus acciones.
Se trata de una clase profesional guiada por un gremio que por tradición responde a las directrices de los resentidos partidos políticos de la oposición.
Imparten pocas horas de clase en cada año escolar, lo que genera daños impactantes al sistema educativo nacional. Viven exigiendo alzas salariales y otras reivindicaciones laborares. Es la manida excusa para no impartir docencia, pero cada mes cobran los sueldos completos.
Paralizar las clases afecta al 77% de los alumnos en las escuelas públicas, pues el restante 23% pertenece a instituciones educativas privadas, según los registros estadísticos.
Cada día de paro representa una pérdida financiera para el Estado, estimada en 760 millones de pesos, y desperdicia recursos vitales, como la alimentación escolar, generando un impacto negativo en el sistema educativo y en los mismos estudiantes. (Esa observación está reseñada en el editorial del periódico Diario Libre de fecha 15/11/2024).
Estoy seguro de que los hijos de los maestros afiliados a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no estudian en los centros educativos públicos, sino en colegios privados donde no se pierde clases y se impone la disciplina.
Los colegios privados, lamentablemente hay que decirlo, son una opción ante la crisis que impera en las escuelas públicas por la irresponsabilidad de los docentes y su sindicato. A base de sacrificio, los padres de familia pagan una educación cara en los colegios privados donde aún persiste el cobro disfrazado de la reinscripción, pese a una legislación que lo prohíbe, además de otros abusivos requisitos pecuniarios que atentan contra el presupuesto familiar.
Independiente de que el gremio magisterial tiene derecho a exigir reivindicaciones, suspender la docencia resulta perjudicial para los estudiantes. Al parecer, a los docentes no les inmuta el hecho de que hay mucha deficiencia por superar en nuestro renglón educativo.
La Constitución del país, en el artículo 63 y el artículo 1 de la Ley 66-97, consagra el derecho que tiene toda persona a la educación. Es rol primordial del Estado garantizar una enseñanza integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones.
En efecto, es lo que siempre ha propiciado el Estado basándose en los principios de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
A pesar de los obstáculos, el sistema educativo nuestro ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, pero aún enfrenta desafíos cruciales que limitan su efectividad.
En ese contexto, se trabaja en los factores que impactan la calidad. Se ha determinado mediante estudios que el currículo magisterial actual muestra una desconexión significativa con las necesidades reales del país.
Esa brecha se puede corregir si los maestros deciden elevar los niveles académicos personales a los fines de garantizar la calidad de la enseñanza la que se sitúa en el más bajo escalafón en Latinoamérica, de acuerdo con las recientes investigaciones.
Pero sospecho que no lo harán porque, tal parece, el marcado interés de su liderazgo gremial es librar una persistente y agresiva lucha política-partidista contra el gobierno de turno. Así nos pasaremos muchos años estancados en el retroceso.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
