Santo Domingo (República Dominicana).- La aspirante a Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán, opinó que la instalación de oficinas de derechos humanos en cárceles del país es innecesaria, «un desatino» que está «fuera de lugar» y sería una carga burocrática más para el Estado dominicano.
En cambio, Guzmán sugirió que se usen las instituciones existentes para hacer cumplir con la ley que protege a las personas privadas de su libertad.
En tal sentido, Guzmán favoreció que la defensa de los derechos humanos en las cárceles sea manejada por un observatorio distinto, independiente, como serían la Defensoría del Pueblo y una comisión del Congreso de la República, no por una oficina de la Procuraduría que terminaría siendo juez y parte frente a cualquier violación.
Sostuvo que la medida de la Procuraduría «mueve a reflexión», ya que según dijo, por un lado se estaría admitiendo la comisión de violaciones a los derechos humanos a la población privada de libertad; y por el otro, se estaría presentando una solución con más burocracia y «observadores» que son «el problema», no la salida propiamente vista desde la óptica institucional.
«Ahora bien, si se desea trabajar en transparencia y cumplimento de la Constitución y las leyes, permitan entonces un observatorio permanente adicional encargado por la ley, integrado por una institución distinta que esté fuera de sus respectivas estructuras organizacionales, como perfectamente lo sería la presencia de la Defensoría del Pueblo», subrayó la licenciada Guzmán.
La ex procuradora fiscal indicó que en ese observatorio estarían también la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) de Derechos Humanos de reconocida solvencia moral, que deseen dar seguimiento al trabajo de cumplimiento de las garantías a los derechos humanos en todos los recintos penitenciaros del país.
Para la aspirante la defensoría del pueblo, «nuestro sistema penitenciario no necesita más funcionarios ni entidades, ya tenemos a la Dirección de Prisiones y el Juez de Ejecución de la Pena, que no deberán hacerse de la vista gorda, pues son funcionarios de garantías, de cumplimiento a los derechos humanos y garantías fundamentales de los (as) internos (as)».
«De ahí que dicha medida, de establecer oficinas de Derechos Humanos no es más que un desatino, y una mala administración de los recursos», enfatizó Guzmán.
Llamó a obligar a los funcionarios del sistema a cumplir con la voluntad de la ley, en vez de crearse más entes burocráticos en el Estado dominicano.
Abogó para que en el régimen penitenciario se trabaje amparado en la Constitución, las leyes y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y reclusos renombradas como «Reglas Nelson Mandela».
«Debemos aplicar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, promovidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH- (adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977)», detalló.
Guzmán manifestó que esas normas se han renombrado como Reglas Nelson Mandela (aprobado por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015) y constituyen «los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad».
Consideró que son las instituciones ya existentes que podrán asumir su rol «sin temor, denunciar cualquier tipo anomalía, ya sea de discriminación, o diferencias de tratamiento fundadas en prejuicios de raza, religión, nacionalidad, clase social y opinión política del interno, cualquier tipo de violencia psicológica o física».
«De ser escogida como Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán trabajará, con la ayuda de Dios, para que a los privados de libertad se le haga justicia respecto de sus derechos inherentes a su dignidad humana y de aquellos derechos que no les queden limitados por el cumplimiento legal de la condena», proclamó.
Guzmán advierte que «no se debe hacer respetar derechos, violando derechos». «Los victimarios no deberán ser víctimas del control social formal, del control punitivo del Estado, sino que la meta deberá ser ver en la pena privativa de libertad su utilidad, para una reinserción social exitosa, que además disminuya la reincidencia en los crímenes y delitos», agregó.
«Instalar dichas oficinas, lo apreciamos de improvisado, entendemos surgen como respuesta a la presión que les provocó la visita que les extendiera una representación de la comisión permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la Cárcel en la Victoria», apuntó Guzmán.
Consideró como plausible la visita de los congresistas a cárcel La Victoria, pese a que no fueron bien recibidos por las autoridades, ya que según estimó, «el congresista nunca deberá desligarse de las leyes que ha aprobado, pues deberá aplicar siempre el principio de efectividad, el cual le compromete a ser vigilante, a dar seguimiento de cerca al cumplimiento de los objetivos que dieron lugar a la misma, y si fuere necesario hacer las adecuaciones pertinentes oportunamente».
«Nuestro sistema penitenciario no necesita más funcionarios ni entidades, ya tenemos a la Dirección de Prisiones y el Juez de Ejecución de la Pena, que no deberán hacerse de la vista gorda, pues son funcionarios de garantías, de cumplimiento a los derechos humanos y garantías fundamentales de los (as) internos (as)», consideró Guzmán.
Sostuvo que «esta noticia (la de crear oficinas de derechos humanos en las cárceles) nos resulta fuera de lugar, pues del seno de la misma, como lo es la Dirección General de Prisiones, serían designados los observadores y/o defensores de los derechos de los privados de libertad en sus respectivos recintos».
Dijo que se designaría un personal dependiente de dicha Dirección, lo que sería dejar la investigación en las manos de los violadores y en ese tenor, explicó que actualmente los objetivos de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad están a cargo de la Dirección General de Prisiones y del Juez de Ejecución de la Pena.
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