«Los mares conectan a las personas con las familias y los vecinos, brindan sustento, impulsan las economías e inspiran el arte y los valores culturales». Pero, estas bondades no siempre son aprovechadas por los Estados en su máxima expresión. Por ejemplo, la población dominicana, que es isleña, vive como si no lo fuera.
Por eso, el refrán, que solo comparto en parte, reza que «vivimos de espaldas al mar». Aplatanado: no damos importancia a lo que suceda en la sociedad; somos una población despreocupada ante los temas de la agenda de nación. Por consiguiente, recalco, solo asumo de forma parcial tal aseveración. Porque, es bien sabida la solidaridad de nuestra gente en pro del bienestar colectivo. !Somos un pueblo pujante!
Sin embargo, hay carencia en apoyo a una cultura fuerte, de sostenimiento a las metas alcanzadas, que robustecen el desarrollo integral, y con ello, los intereses naciones en este Estado de derecho. Evitar deterioro de la infraestructura nacional: instituciones, edificios…, es perentorio, debido a que, desde ellas, se proyecta desarrollo productivo, y con este, se procura alcanzar riqueza para nuestra nación.
Entendiendo que, el derrumbe de nuestros edificios públicos no es solo físico, sino, que también se percibe cuando la estrategia de buena administración no forma parte de ellos; cuando el fin es contrario a buscar beneficios para todos los integrantes de la sociedad. De igual modo, cuando instituciones democráticas de gobierno, no son leales al país.
De manera que, apoyar cultura de sostenimiento para desarrollo productivo de nuestro Estado, implica a la par, preservación medioambiental. De modo que, se debe importantizar en los presupuestos de nación, con hincapié en las acciones de la defensa nacional.
Porque, la cultura de sostenimiento debe ser difundida y apoyada por todos los integrantes de la nación, desde la buena administración pública y privada. Ella, fomenta mejoramiento continuo en los servicios que ofrece el Estado a su población. Esto envuelve, además, atención a tiempo; oportuna. Lentitud o retraso en la entrega de los servicios demandados, vulnera derechos fundamentales; de la ciudadanía.
Para el mantenimiento de una cultura que propicie mayor desarrollo productivo, es sine qua non que el Estado fortalezca la protección de las libertades individuales. Representada en más participación de la ciudadanía, siempre en condiciones de igualdad y no discriminación. Porque la buena administración pública así lo prevé en democracia, perpetuamente en pro del interés general.
«El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades ambientales de desarrollo de las generaciones presentes y futuras». Plantea la Organización de las Naciones Unidas.
En ese entendido, la población solo se siente parte y en base a ello acciona, cuando las oportunidades que ofrece el Estado mediante políticas públicas sostenibles, llegan a todos los rincones y ciudadanos. Ese universo incluye a quienes poseen necesidades diferenciadas. Pero hoy, esto constituye un gran desafío para los tomadores de decisiones.
Como afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «el desarrollo sostenible es una oportunidad excepcional para la humanidad: económicamente, para crear mercados y empleos; socialmente, para integrar a las personas marginadas; políticamente, para reducir conflictos sobre los recursos, que podrían conducir a la violencia, y, desde luego, ambientalmente, para proteger los ecosistemas y recursos de los que dependen todas las formas de vida».
Como se identifica, para asegurar cultura de sostenimiento que se traduzca en desarrollo productivo colectivo, hay que combinar acciones holísticas de progreso, que integren políticas para el ámbito ambiental, económico, social, político y cultural. Asimismo, concitar apoyo de la población al exhibir transparencia en la asignación y ejecución de los recursos financieros, destinados a cada componentes, paralelamente, observancia de valores éticos y redición de cuenta.
Hasta pronto.
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(La autora es educadora, periodista, abogada y locutora residente en Santo Domingo, República Dominicana).
