San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este martes en la sesión ordinaria, el proyecto que busca incluir la definición de “adulto mayor” y “persona con diversidad funcional” entre las poblaciones protegidas por la Ley 54 de Violencia Doméstica.
Se trata del Proyecto de la Cámara 546, presentado por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, para tipificar como maltrato agravado cualquier delito cometido bajo el amparo de la Ley 54 que ocurra contra, en presencia de o utilizando como medio de coacción a un adulto mayor o una persona con diversidad funcional.
La propuesta legislativa responde a la necesidad de tener una herramienta de protección adicional ante el aumento sostenido en la población de adultos mayores y personas con diversidad funcional.
“La violencia doméstica no solo afecta a la víctima directa, sino que también tiene un impacto devastador en personas cercanas, incluyendo adultos mayores y personas con diversidad funcional. Muchos de ellos son testigos de estos actos o utilizados como herramientas de coacción, situación que representa una forma de maltrato emocional, psicológico y social que no puede ser ignorada”, expresó el legislador en la exposición de motivos del proyecto.
Para continuar salvaguardando a esta parte de la población, el cuerpo legislativo favoreció el Proyecto de la Cámara 587, una medida de la gobernadora Jenniffer González Colón para añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico como una de las instituciones en las que se podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores.
A su vez, el pleno avaló el Proyecto de la Cámara 543, del representante José “Che” Pérez Cordero, para tipificar como delito grave el incumplimiento de órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de violencia sexual. La medida enmendaría la Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual (Ley 148-2015) para uniformarla con la Ley 54.
“Es necesario reforzar el marco legal de esta ley para garantizar una protección real y efectiva que esté a la altura de la gravedad de la conducta que se intenta penalizar y disuadir. La protección de las personas sobrevivientes de violencia sexual o acecho no debe estar sujeta a grados de protección diferenciada, toda vez que la violencia sexual es una de las manifestaciones de violencia de mayor incidencia en Puerto Rico”, indicó el legislador.
Por otra parte, también se aprobó el Proyecto de la Cámara 350, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para establecer una vigencia de tres años de las certificaciones emitidas por el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) y hacer correcciones técnicas en la Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud (Ley 300-1999).
Asimismo, se le dio el visto bueno ael Proyecto de la Cámara 544, del representante Wilson Román López, para incluir una excepción a la exigencia de agotar los remedios administrativos cuando un menor esté imputado de faltas graves que representen una amenaza sustancial a la seguridad escolar o a la integridad física de otras personas.
