Santo Domingo (República Dominicana).- Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrirán en apelación, por estar plagada de vicios procesales graves, la decisión de una jueza que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por un aparato telefónico ocupado a un imputado del proceso judicial por corrupción administrativa que sigue en los tribunales contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
El Ministerio Público adelantó que, para empezar, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión en favor del procesado Juan Francisco Álvarez Carbuccia pese a estar desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual conoció la audiencia preliminar y dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, adelantaron, además, que Padilla Rosario incurre en una desnaturalización de la figura del astringente y sobre ese error, fija una suma exorbitante que pretende convertir en una indemnización en favor de un procesado por corrupción.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el caso en el que Álvarez Carbuccia figura como imputado se conocerá en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual tiene audiencia fijada para el próximo 11 de agosto.
Explicó que incluso, el tribunal que tiene ahora apoderado el caso por corrupción, carece de competencia para conocer el recurso sobre la reclamación del aparato telefónico promovido por el procesado Álvarez Carbuccia debido a que no se trata de un tribunal administrativo.
La decisión de la jueza Padilla Rosario establece el pago de RD$7.560.000.00 al procesado Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de la astreinte de una serie de bienes que ya recibió el acusado que reclama también la entrega de un móvil marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda alrededor de RD$3.000.
Álvarez Carbuccia figura como imputado en el caso en el que Hugo Beras facilitó, mientras estuvo dirigiendo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia, según establece la acusación.
En tanto, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los demás son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para contratos fraudulentos y control de la red semafórica, entre otros hechos ilícitos.
A petición del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
