Encima de negarles a las mujeres embarazadas, incluidas niñas y adolescentes, el derecho a decidir sobre su cuerpo… cuando su vida corre peligro, son violadas o la criatura es inviable, el proyecto de Código Penal que cursa en el Senado contempla encarcelarlas junto al personal de salud que la ayude a abortar en circunstancias tan dramáticas. Las obliga a morir o sufrir de por vida, además de criminalizarlas.
Esa es la tendencia impuesta en ambas cámaras legislativas por la partidocracia corrompida, cúpulas eclesiales y elites capitalistas abrazadas a un proyecto cruel, que solo en esa vertiente le niega derechos a la mitad de la población.
A esa barbaridad se agrega la prescripción de los delitos de corrupción en 20 años, que implica impunidad de sus autores durante la tiranía de Trujillo (1930-1961), los gobiernos de Balaguer (1961…1966-78, 1986-96), Consejo de Estado (1962-63), gobiernos perredeistas de Guzmán, Jorge Blanco y Majluta (1978-86); primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), y más de la mitad de la gestión de Hipólito Mejía (2000-2003).
También consagraría tribunales policiales y militares con prerrogativas en delitos comunes; tribunales históricamente destinados a garantizar impunidad de los crímenes cometidos por sus integrantes.
En esta nueva versión medieval del Código Penal se incorporan consideraciones que eximen de condena el castigo físico de padres y madres a sus hijos e hijas, so pretexto de “disciplinarlos/as”; así como una ambigua redacción del artículo sobre discriminaciones. Una aplastante mayoría ha consensuado y asumido esas directrices impregnadas de fundamentalismos religiosos, estén o no reñidas con preceptos constitucionales vigentes; ya a punto de vencerse esta legislatura por la previa tardanza en confabularse.
Los hacen porque en cualquier legislatura se saben dueños de un poder que ha convertido la inmunidad parlamentaria en impunidad propia, para beneficiarse de sobornos, representar riferos, bancas y bancos; conectarse a cárteles y otras mafias, y plegarse servilmente a elites capitalistas y eclesiales, a EE.UU-CÍA-USAID-FMI y Pentágono; porque se saben usurpadores del poder que imponen las viciadas reglas de juego y conforma una camisa de fuerza institucional a la medida de clase dominante-gobernante y la recolonización imperialista.
Un Congreso así hay que anularlo, disolverlo… propósito imposible de alcanzar sin arrinconar el poder constituido, sin quebrar sus normativas e instituciones antidemocráticas desde las calles; con acciones multitudinarias contundentes y propuestas políticas transformadoras… hasta abrirle cauce a un proceso constituyente soberano que recree los poderes del Estado sobre nuevas bases constitucionales, incluidos el legislativo y el electoral. Como se lo está proponiendo el pueblo peruano. ¡Razones hay-
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(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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