Por Víctor Mateo Vásquez
Es mucho lo que se debate desde hace décadas, sobre todo desde principios del siglo XXI, en agendas internacionales de desarrollo en procura de que los países que se han comprometido en diversos escenarios del mundo también el nuestro- a mejorar la calidad de vida de su entorno y del planeta, logren sus objetivos.
Según lo plantea un documento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), denominado Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible: una apuesta de impulso al Desarrollo de la República Dominicana, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) marcaron la pauta a seguir por los diversos países hacia el logro de nuevas metas para mejorar la vida de la Humanidad. A estos le siguieron las agendas de financiación para el desarrollo, definidas en Doha 2001, Monterrey 2002 y Addis Abeba 2015; la agenda
de la eficacia del desarrollo, con las declaraciones de París 2005, Accra 2008 y Busán 2011; la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 2012; la Agenda Internacional del Cambio Climático (COP21) 2015; y finalmente, la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015.
En palabras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su texto Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios: una visión hacia el futuro (2011), a partir de dos décadas exitosas de experiencia con asociaciones público-privadas (APP) en otras regiones del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por sus ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. En virtud de la incorporación del sector privado, la región ha podido poner en marcha nuevos y novedosos modelos financieros, cuyo diseño, operación y mantenimiento han arrojado resultados positivos para las economías.
Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la define como un “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia de riesgos del sector privado (OCDE, 2008).
Los beneficios que se alcanzan a través de estas alianzas entre los dos sectores vitales para el desarrollo de una nación, son incalculables. Siempre será importante para un Estado ser aliado del sector privado, pues son quienes transfieren sus recursos a los fines de tributar; lo mismo sucede con el sector privado, sin las facilidades que puede crear el Estado para su entorno es casi imposible prosperar. Y es que hay un factor importante para todos: seguridad jurídica.
Por último, vale la pena mencionar un gran hito para el país al ser promulgada la Ley de Alianzas público-privadas, número 47-20. Un texto que considera que la experiencia internacional en alianzas público-privadas permite enfrentar de manera más oportuna las limitaciones presupuestarias tradicionales al promover la ejecución y la operación de las obras y servicios por parte del sector privado.
¡Enhorabuena!
(El autor es abogado y catedrático).
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