Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Puerto Rico).- El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció la existencia de un plan gubernamental para desmantelar el sistema de enseñanza del país. Según el colectivo, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) continúa desviando fondos públicos hacia corporaciones privadas a través de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza.
Desde el año 2018, se han autorizado 21 escuelas chárter en la isla y se planifica la apertura de cinco planteles adicionales. Datos de la propia agencia revelan que se asignan cerca de 50 millones de dólares anuales para financiar este modelo.
De aprobarse las nuevas escuelas, la cifra ascenderá a 60 millones de dólares, lo que representa un estimado de dos millones para cada plantel nuevo.
«Se ha comprobado que este modelo de privatización no está siendo fiscalizado adecuadamente», sostuvo Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, en un comunicado de prensa.
La denuncia se fundamenta en un informe de la Oficina del Inspector General (OIG), el cual reveló deficiencias significativas en la fiscalización del desempeño de estas escuelas por parte del DEPR. El documento detalla que la agencia no ha preparado ni radicado los informes anuales ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023, 2024, ni el del año fiscal 2025-2026.
Historial de irregularidades
Por su parte, Emilio Nieves Torres, secretario general de ÚNETE, señaló que ya se han reportado más de tres escándalos locales vinculados a estos planteles. Recordó que, en octubre de 2022, el DEPR se vio obligado a cancelar un contrato chárter tras revelarse que uno de sus incorporadores tenía una convicción por malversación de fondos en Estados Unidos.
Asimismo, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expuso que la escuela chárter LEAP STEAM + E Academy recibió más de 9.3 millones de dólares entre 2021 y 2024, pero su fundadora admitió que solo recibieron una visita informal de monitoría y ninguna evaluación oficial.
La matrícula actual de las escuelas chárter asciende a 7,410 estudiantes; de ellos, 5,810 provienen del sistema público. El Junte Multisectorial enfatizó que este crecimiento se sostiene mediante el desplazamiento de alumnos, agravado por el hecho de que el DEPR abre estos planteles cerca de escuelas tradicionales ofreciéndoles ventajas operacionales, exenciones y flexibilidad curricular que le niega al sistema público.
La denuncia coincide con expresiones recientes del DEPR sobre evaluar el cierre de más escuelas públicas por falta de fondos y baja matrícula.
«Me duele profundamente ver cómo nuestras escuelas públicas se siguen cerrando mientras se desvían millones hacia proyectos privatizadores que no rinden cuentas», expresó Jeffrey Rivera Sanabria, líder comunitario del Residencial Luis Llorens Torres.
Prioridades presupuestarias bajo cuestionamiento
El liderato magisterial catalogó como alarmante que el gobierno alegue no tener los 90 millones de dólares necesarios para cumplir con el pago de la carrera magisterial a unos 8,000 educadores, mientras encuentra decenas de millones para financiar la privatización del sistema que inició bajo la gestión de la convicta exsecretaria de Educación, Julia Keleher.
El Junte Multisectorial reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública y gratuita, haciendo un llamado a las comunidades escolares y al país a mantenerse vigilantes y activos ante el desmantelamiento del sistema educativo.
