Por Claudio Álvarez Dunn
Bogotá, Colombia.- En una declaración que sacudió los cimientos instituciones de Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció al Registrador y al Procurador de este país como partícipes de fraude electoral en el país sudamericano.
“Aquí muestro las pruebas”, publicó Petro en sus redes sociales hace apenas una semana con un peso documental que no era una opinión, ni una especulación política, ni un ataque retórico contra sus adversarios, sino pruebas concretas del posible fraude en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
“Son pruebas documentales, evidencias concretas y verificables de lo que sería el fraude electoral más elaborado y sistemático que se estaría fraguando en Colombia de cara a las elecciones legislativas de 2026. Un fraude que involucra directamente al registrador nacional Hernán Penagos, al procurador general Gregorio Eljach Pacheco y a una empresa privada que lleva más de una década manejando en las sombras el software con el que se cuentan los votos de más de 40 millones de colombianos y que se niega rotundamente a entregar el código fuente de ese programa para que expertos independientes puedan verificar que no contiene instrucciones ocultas diseñadas para alterar los resultados electorales”, denunció el sitio Trendingnews24.com ante el silencio de los noticieros tradicionales y de los grandes medios de comunicación nacional.
Lo que el mandatario colombiano reveló es un entramado de corrupción electoral tan meticulosamente construido que resulta escalofriante pensar cuántas elecciones en la historia reciente del país han sido decididas no por la voluntad popular, sino por algoritmos manipulados en un software que nadie tiene permitido auditar.
“La primera prueba que presenta el presidente es demoledora y se refiere al desacato flagrante de una sentencia judicial que debería haber transformado para siempre el sistema electoral colombiano, pero que fue deliberadamente ignorada por quienes se benefician del fraude”, añade la publicación.
Ello se refiere a la sentencia de nulidad de las elecciones del Senado de 2014, emitida por el Consejo de Estado en Sala Plena, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, que no solo declaró probado el fraude electoral en aquellos comicios, sino que ordenó expresamente que el software utilizado para el conteo de votos debía ser desarrollado por el Estado y desde el Estado, no por una empresa privada que opera bajo cláusulas de confidencialidad que impiden cualquier tipo de verificación independiente. Esa sentencia fue emitida hace años y hasta el día de hoy no se ha cumplido.
“El software sigue en manos privadas. La misma empresa que estaba involucrada en el fraude demostrado judicialmente en 2014 sigue siendo la encargada de procesar los votos de los colombianos y las autoridades que deberían garantizar el cumplimiento de ese fallo judicial simplemente miran hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Esa empresa se llama S, una filial de Thomas Gregan Sons y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, porque estamos hablando de la msma compañía que fue contratada para manejar el preconteo electoral en 2014, el año del fraude probado por el Consejo de Estado.
La misma empresa que inexplicablemente volvió a ser contratada para las elecciones de 2022, donde también se documentaron irregularidades gravísimas y es la misma empresa que nuevamente ha sido seleccionada para manejar el software de las elecciones de 2026. Es decir, el fallo del máximo tribunal fue desacatado de manera flagrante. Se incumplió la orden de desarrollar un software estatal y en su lugar se renovaron los contratos con la misma empresa privada vinculada al fraude original, estableciendo un patrón de impunidad que permite que el mismo mecanismo tramposo se utilice una y otra vez para alterar la voluntad popular expresada en las urnas”, denuncia la publicación El Rincón Creativo.
El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas por los programadores que determinan exactamente qué hace un programa, cómo lo hace y en qué condiciones lo hace. Las denuncias del presidente Petro se basan en que sin acceso al código fuente completo es literalmente imposible verificar si el programa está sumando los votos correctamente, si está procesando los datos de manera transparente o si contiene instrucciones ocultas diseñadas para alterar resultados, redistribuir votos entre candidatos o generar inconsistencias que beneficien a determinadas fuerzas políticas.
“Si ese código fuente no se entrega a auditores independientes y se somete a una revisión exhaustiva por parte de expertos en programación que representen a todos los partidos políticos y a la ciudadanía en general, lo único que queda es confiar ciegamente en que el sistema funciona bien. Y en Colombia, por confiar ciegamente en que el sistema funciona bien, nos ha ido históricamente muy mal”, se agrega en las críticas de quienes advierten que puede haber un robo en las elecciones sin una auditoría del software para garantizar elecciones limpias.
Desde el Gobierno cuestionan la “sospechosa” posición del procurador nacional Gregorio Eljach Pacheco, quien en lugar de investigar la denuncia salió públicamente a declarar que no existe ninguna evidencia que permita concluir que haya irregularidades en lo que viene haciendo el registrador Hernán Penagos, ni que vaya a existir fraude electoral en las próximas elecciones.
El presidente Petro le respondió con una contundencia que no deja espacio para ambigüedades. “Le preguntaría al procurador Gregorio Eljach Pacheco, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software de Thomas Greg and Sons para que le haga una auditoría con expertos. Si no lo ha hecho, no debería pronunciarse”. Petro cuestiona cómo puede el procurador de la nación, el máximo representante del Ministerio Público, cuya función constitucional es vigilar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los ciudadanos, salir a dar garantías sobre un proceso electoral cuyo software nunca ha sido auditado por expertos independientes.
Como respuesta, algunos medios salieron a anunciar que se realizaría una exposición del código fuente del software para las elecciones de 2026, presentándolo como si fuera un avance significativo hacia la transparencia. Pero Petro fue categórico al señalar la diferencia abismal entre exponer y entregar el código fuente. “No es lo mismo, dice el presidente, entregar el código fuente que exponer el código fuente”. Y tiene toda la razón del mundo porque exponer fragmentos parciales; mostrar capturas de pantalla inauditables o hacer presentaciones controladas donde nadie puede realizar un análisis profundo equivale a mostrarle a un mecánico la fotografía de un motor y pedirle que diagnostique si tiene fallas, cuestionan desde el oficialismo.
“El código fuente, explica Petro, no se expone, se entrega completamente a auditores independientes de los candidatos, de los partidos políticos y celadores ciudadanos. Es el código fuente del software del cómputo de mesa, puesto de votación, municipio y departamento”.
Pero el presidente fue más allá y presentó más evidencias y el testimonio directo de una persona que fue contratada para trabajar en las elecciones de 2022 y que reveló públicamente cómo operaba el sistema de fraude desde adentro. Según este testimonio que fue compartido ante medios de comunicación, la empresa AC en la ciudad de Pereira utilizó un espacio físico donde reunió a cerca de 600 personas contratadas específicamente para llenar formularios electorales con casillas en blanco para manipular los registros de votación.
“Tengo en mi poder, denunció el mandatario, el fraude que intentaron hacer contra el Pacto Histórico (su partido en el poder) en la Registraduría de Vega en 2022 a través del preconteo se variaron los datos de 4200 mesas con iteraciones en los algoritmos en la fase de preconteo… En 4200 mesas quitaron 400,000 votos al Pacto Histórico y a mí como candidato a través de iteraciones. Son 400,000 votos. Déjenme repetir esa cifra para que dimensionen lo que significa. 400,000 votos que fueron sustraídos del conteo real de un candidato presidencial mediante manipulaciones algorítmicas en el software de preconteo. Eso no es una irregularidad menor, eso no es un error administrativo, eso es un asalto directo contra la democracia colombiana ejecutado con herramientas tecnológicas sofisticadas que operan en la opacidad de un código fuente que nadie tiene permitido revisar”.
El preconteo electoral, que es el primer resultado que conoce el país la noche de las elecciones y que en la práctica determina quién gana y quién pierde porque los medios de comunicación lo presentan como resultado definitivo, está en manos de ACD, filial de Thomas Greg and Sons (la misma empresa que hasta unas semanas manejaba la millonaria impresión de los pasaportes en Colombia) y para poder modificar los datos del preconteo una vez publicado, se requiere la impugnación formal de cada mesa alterada para que un juez ordene abrirla y volver a contar los votos físicos, un proceso engorroso, lento y costo o que en la mayoría de los casos no se completa antes de que los resultados ya hayan sido aceptados por la opinión pública como definitivos.
En una reciente entrevista, el presidente agrega algo que eleva aún más la gravedad del asunto. Petro declaró que no va a tolerar ningún fraude en las próximas elecciones, a lo que la oposición de derecha respondió con titulares como “Petro se prepara para desconocer los resultados si su candidato no gana”. “Peligran los resultados de las elecciones”. “Riesgo para la democracia”.
El presidente contraatacó en las redes con la siguiente declaración: “La justicia en sala plena del Consejo de Estado en el año 2018, probó que el software de Thomas Greg de los hermanos Bautista, juzgados por estafa a bancos en EEUU, era vulnerable por dentro y por fuera y ordenaron un software propiedad del estado que hiciera los escrutinios y la justicia ha sido desacata hasta el momento. ¿Por qué el registrador no nos entrega el código fuente del software para que sea auditado por expertos y permite que se revise y que se nos garantice a ustedes y nosotros que podamos verificar que es el mismo que opere el día de elecciones? Mientras eso no pase mantengo mi duda, la exigencia que hago es la del presidente de la república elegido por once millones y medio de votos para garantizar la transparencia electoral. La contra a cualquier fraude de software es la organización de millones de testigos electorales preparados para impugnar mesas y miles de abogados de escrutinio preparados para la misma labor”.
En una entrevista con un medio español, el presidente Petro fue más contundente. “Respetaré los resultados, pero no el fraude”, advirtió. “Los registradores, que no obedecen al gobierno, hacen los contratos (del software) que valen billones de pesos. Las elecciones de Colombia son más caras que todas las de EEUU; entonces estamos ante un negocio de repartija de dineros en el cual los candidatos presidenciales pueden entrar y decir: Yo pongo dinero (no importa de dónde venga) y ese es el peligro que yo he denunciado a pesar de que un juez me ha pedido que no hable más de esto, pero yo hablo porque es la realidad. La corrupción en Colombia siempre se liga al narcotráfico, pero esta es la corrupción política”, cerró el mandatario.
La pregunta que surge inevitablemente es si las autoridades locales tendrán la voluntad política de investigar estas pruebas o si simplemente las archivarán como han archivado tantas otras denuncias de fraude electoral a lo largo de la historia colombiana.
(El autor es un corresponsal extranjero residente en Colombia).
