Santo Domingo (República Dominicana).- Exjueces del Tribunal Constitucional advirtieron que el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos de América, en relación con la preautorización en el transporte aéreo” tendría “serias implicaciones para el supremo interés de nuestro país”
Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez manifestaron su oposición al pacto porque “el mismo que no está siendo tratado con la profundidad que amerita”.
A decir de los juristas, la modalidad a establecerse en los aeropuertos internacionales del país, conocido como prechequeo o preclearance (en inglés), resurgió durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y cuyo proceso de control preventivo cursa en la alta Corte, desde el 8 de diciembre de 2016.
A decir de los exmagistrados constitucionales, se pretende iniciar la aplicación del acuerdo por la terminal de Punta Cana con el supuesto fin de facilitar el turismo, en cuanto haría más atractivo a Punta Cana a los residentes en los Estados Unidos, ante una alegada facilidad en el flujo de los pasajeros.
“Sin embargo, la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existente tan sólo en seis países del mundo”, advierten.
Aseguran que facilitar la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana, por cuanto implica cesión de soberanía.
“Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional. Además, el acuerdo contradice el precedente del Tribunal Constitucional sentado en la Sentencia TC/0315/15 que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la Ley Fundamental”, advirtieron.
Para los letrados, “lo más grave y trascendente es el anexo sobre el tema de los refugiados, que es parte integral del acuerdo, a sabiendas de que los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud”.
Adelantan que en el acuerdo existe un anexo con el cual se incorpora una tutela por parte de los Estados Unidos de las políticas de asilo de República Dominicana.
“ulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, previsto por el Art. 3 de la Carta Sustantiva, que constituye una norma invariable de la política internacional del país”, citan.
Insisten en que la aplicación del acuerdo convertirían a Punta Cana y al país en un domésticos una vez aterricen en dicho territorio.
“Sin embargo, no se ha informado que el mismo acuerdo sujeta a los viajeros y a sus bienes a una segunda inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos, evidenciándose ausencia de reciprocidad, lo cual pone en dudas la supuesta agilización de trámites y facilidades a los que ingresen al territorio norteamericano, así como el aumento del número de pasajeros en nuestro país”, precisan.
Enfatizan en que nada justifica una cesión unilateral de soberanía mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana y que constituye una vergüenza nacional.
“Corresponde a los dominicanos y dominicanas defender su soberanía, la cual es exclusiva, suprema e inalienable”, recuerdan.
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