San Juan, 5 oct (INS).- Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió acusaciones separadas contra siete individuos acusados de fraude al Seguro Social y a Medicare, por un monto total de más de un millón de dólares.
La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI y la Policía de Puerto Rico investigan los casos.
“Los siete acusados robaron miles de dólares en beneficios del Seguro Social que no les pertenecían. Robaron al gobierno, a las víctimas e incluso a personas que habían fallecido. Seguimos firmes en nuestro compromiso de llevar ante la justicia a individuos sin escrúpulos que buscan ilegalmente un beneficio económico personal”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico.
La pérdida para el Seguro Social es de 800,311.05 dólares; para Medicare, de 220,975.17, para un total de 1,021,286.22 dólares.
Los acusados son:
Sonia I. Vargas Rodríguez, dueña y representante de Hogar Sendero de Amor, Inc. (HSA), centro de cuidado de ancianos ubicado en Mayagüez, quien tenía a S.R. y R.F. bajo su cuidado. Ambos fallecieron en 2013 y 2014, respectivamente, y la acusada no informó de sus muertes y siguió cobrando sus cheques del Seguro Social. Además, el Departamento de Familia de Puerto Rico cerró HSA en junio de 2014 debido a las reclamaciones de negligencia y abuso. La acusada recibió 114,590.40 dólares ilegalmente.
Yahaita Cruz Cintrón: robo de propiedad gubernamental. La acusada recibió ilegalmente 196,772.75 dólares del Seguro Social, tras proporcionar declaraciones falsas en un Informe de Actividad Laboral: dijo que trabajó en Estados Unidos continentales durante ocho años cuando la realidad es que no lo hizo. Además de fraude en la atención médica, pues recibió ilegalmente 164,694.03 en pagos de Medicare.
Norberto Berríos Rodríguez: robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió ilegalmente 129,346.30 dólares del Seguro Social. El acusado proporcionó declaraciones falsas en un informe de actividad laboral: declaró que empezó a trabajar en agosto de 2021 pero, en realidad, había estado trabajando desde antes de esa fecha. El acusado no reveló que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios del Seguro Social. También recibió ilegalmente 33,608 dólares en pagos de Medicare.
Pedro Medina Medina: el acusado recibió ilegalmente 159,254.40 dólares del Seguro Social, tras proporcionar declaraciones falsas en un informe de actividad laboral. Declaró que solo trabajó a tiempo parcial durante los años 2015 a 2017, a sabiendas de que trabajaba a tiempo completo desde 2009. También recibió ilegalmente 22,673.14 dólares en pagos de Medicare.
Luis A. Soto Torres: el acusado, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 122,483.90 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a M.S.C. y el acusado sabía que no tenía derecho a recibir.
Marialices Cora Martínez: la acusada, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 59,079.30 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a L.L.M. y la acusada sabía que no tenía derecho a recibir.
Janice Rodríguea Méndez: la acusada, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 18,784 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a A.R.L. y la acusada sabía que no tenía derecho a recibirlos.
Si son condenados, los acusados se enfrentan a penas máximas 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno y fraude a la asistencia sanitaria; cinco años de prisión por declaraciones falsas y ocultamiento u omisión de revelar el hecho al Seguro Social; y 20 años de prisión por fraude electrónico. INS
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