San Juan (Puerto Rico).- La Alianza Correccional Unida, Local 3500 SPUPR, C95 AFSCME, expresó su rechazo a los ataques emitidos por la senadora Roxanna Soto a los oficiales correccionales y a su liderato sindical.
Al mismo tiempo, calificó sus expresiones como irrespetuosas, infundadas y que reflejan un profundo desconocimiento de la realidad carcelaria en Puerto Rico
«Es bien lamentable que una servidora pública en su afán de cumplir con su misión de alabar a la Secretaria de Corrección intente menospreciar con generalidades la labor que realizan los oficiales correccionales. Los oficiales no son «castigadores», son servidores públicos con vocación de servicio», expresó Jessica Martínez Santos, presidenta de la Alianza Correccional Unida.
Martínez Santos agregó que «su labor es una de las más difíciles y peligrosas del gobierno. En un entorno de alta tensión, violencia y sobrecarga de trabajo, ellos velan por la seguridad de todos: de los confinados, de sus compañeros y de la sociedad en general. Reducir su vocación a una supuesta «mentalidad de castigo» es una simplificación grotesca que nace de la ignorancia de la realidad diaria que estos servidores públicos enfrentan».
Indicó que las palabras de Soto, durante la vista de confirmación de la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Julie Gómez Gómez, «no sólo son incorrectas, sino que constituyen una falta de respeto hacia los hombres y mujeres que diariamente arriesgan su vida e integridad física para mantener el orden, la seguridad y la paz dentro de nuestras instituciones».
Martínez Santos señaló que es falso que los oficiales correccionales no crean en la rehabilitación. «Lo que ocurre es que la rehabilitación no es posible sin seguridad. No se puede rehabilitar a nadie en un entorno caótico. La prioridad de un oficial es garantizar un ambiente seguro, y a partir de ahí, los programas de estudio, trabajo y terapia inician y se expanden».
Comentó que la afirmación más ofensiva y peligrosa de la senadora Soto es aquella que sugiere que los oficiales correccionales entienden que los confinados «no tienen dignidad» o que deben ser «doblemente castigados». «Esa es una difamación inaceptable. Los oficiales tratan con personas privadas de libertad, muchas de ellas con historiales de violencia, pero eso no significa que desconozcan su humanidad. Lo que los oficiales exigen es respeto, cumplimiento por las reglas institucionales y por el orden necesario para que cualquier proceso rehabilitador sea posible».
Asimismo, rechazó los ataques de la senadora en contra del liderato sindical al sostener que las lideres sindicales no son «pseudo representantes», sino la voz legítima de los trabajadores, elegidos por sus propios compañeros para defender sus derechos, su dignidad y sus condiciones laborales.
«Nosotros nunca hemos pretendido «paralizar» la labor del Senado; lo que hacemos es exigir que se escuche a quienes están en la primera línea antes de tomar decisiones que afectan sus vidas y las de los confinados. Eso no es sabotaje, es democracia» expresó Martínez Santos.
Destacó que la senadora Soto «no está en las instalaciones (carcelarias) cuando ocurren motines, cuando se incautan armas o cuando un oficial es agredido. No vive el estrés de dejar a su familia cada mañana sin saber si regresará. Juzgar desde la tribuna es fácil; servir en las trincheras es lo que realmente dignifica».
