San Juan (Puerto Rico).- La Alianza Correccional Unida, Local 3500, alertó al pueblo sobre el grave error que implicaría reabrir las visitas de familiares en el sistema correccional en la isla a partir del 11 de noviembre de 2020.
La ACU basó su planteamiento en que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no está preparado para poder manejar adecuadamente los protocolos y tampoco cuenta con el equipo necesario para el proceso de desinfección antes y después de cada visita.
«Nosotros entendemos la necesidad de la interacción familiar entre el confinado y sus familias para el proceso de rehabilitación, sin embargo, en estos momentos donde los contagios y muertes por el Covid-19 van en aumento, no es prudente ni lógico reabrir a las visitas de familiares en las instituciones. Esto atenta contra la salud y seguridad de los Oficiales Correccionales, confinados y de los mismos familiares», precisó Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida Local 3500, que representa a los Oficiales Correcciones de la Administración de Corrección.
Martínez agregó que «actualmente, sin las visitas, la agencia no está cumpliendo a cabalidad con los protocolos establecidos por las órdenes ejecutivas, ni con las normas del Departamento de Salud ni de los CDC».
Martínez denunció que en estos momentos la agencia no cuenta con inventario de papel secante ni desinfectantes en aerosol, que son tan importantes para mantener las áreas desinfectadas antes y después de cada visita.
Señaló que para proteger a los oficiales que realizan los registros en el área de visitas, se le debe proveer más de 1 mascarilla desechable, suficientes guantes, «faceshield» y que el mameluco desechable sea parte del equipo a utilizarse en el proceso y que no sea solamente de ser necesario como establece la agencia en la Orden Administrativa 2020-01 Orden Administrativa para restablecer las visitas familiares a los miembros de la población correccional durante el período de emergencia provocado por el Covid 19.
«Hacemos responsable al patrono, después del 11 de noviembre de 2020, del aumento de contagios dentro de las cárceles y de si se pierde alguna vida ante esta acción irresponsable. Los oficiales hemos sido prudentes y responsables en mantener los protocolos de prevención de contagios desde nuestros hogares para que ahora nuestro patrono nos exponga al contagio de este mortal virus», manifestó la portavoz de los oficiales correccionales, quien informó además que este lunes presentarían una querella formal en la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) sobre ese asunto.
La sindicalista recordó que en Estados Unidos, el factor principal que produjo los contagios fue permitir la visita de personas externas a las instituciones penales, lo que trajo como consecuencia muertes de confinados y personal penitenciario.
Por su parte, Benjamín Borges, portavoz y síndico de Servidores Públicos Unidos de PR, AFSCME, expresó que «las guías establecidas por el CDC, en sus actualizaciones más recientes para las instituciones correccionales, no han modificado la recomendación de que de ser posible se mantengan las visitas de forma virtual y se minimicen las entradas a las instituciones.
Borges dijo que «en días en los que estamos experimentando alzas en los casos de Covid19, definitivamente no puede ser el momento para flexibilizar los procedimientos para evitar contagios. Tal parece que le estén prometiendo a los confinados y a sus familiares algo que no pueden cumplir, es muy probable que cuando surja el próximo brote, el Departamento de Salud los obligue a cancelar pero, el daño que le hagan a la salud de las personas, ese no lo pueden cancelar».
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