Los que niegan la libertad a otras personas, no la merecen para ellos mismos, expresaba el jurista Abraham Lincoln. La frase es precisa al analizar el enfrentamiento de la trata de personas en la República Dominicana; un tema invisible en muchos municipios y gran parte de su población, que no sabe como enfrentar este delito que se fortalece ante sus ojos, mediante la relación entre agentes responsables de la detección, persecución y judicialización y las redes que lo comenten. Razón por la que muchos casos nunca son investigados o procesados, pese a los acuerdos suscritos entre instituciones gubernamentales.
Algunas de estas premisas son extraídas de la investigación, Luchar contra la marea: Estudio sobre trata de personas en once municipio de la República Dominicana 2022, editado por el Movimiento Cívico no Partidista Participación Ciudadana (PC), que evidencia la actual explotaciones sexual comercial, trabajo forzoso, servidumbre domestica…, a que son sometidos niños, niñas, adolescentes y mujeres en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Este, Boca Chica, San Francisco de Macorís, Santiago, San Felipe, Puerto Plata, Sosua, La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís.
Se recuerda que la trata de personas establecida en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, se entiende como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.»
Pese a que, la trata de personas «es un delito con alta impunidad, permeada por la corrupción y complicidad con las redes de tratantes y las autoridades responsables de su persecución», en los once municipios estudiados las personas desconocen las rutas para cometer este delito, sin embargo, entienden que también se cometen otros como el tráfico ilícito, que vulneran a derechos fundamentales.
La investigación busca sensibilizar a la población acerca del tema de la trata de personas, prevenir, combatir y proteger a las victimas de este delito, castigado por la Constitución y la Ley 137-03, que también sanciona el tráfico ilícito de migrantes. La débil judicialización de casos de trata en los 11 municipios descritos precedentemente, «afecta notablemente la prevención y detección, porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito», indica el estudio.
La población infantil y adolescente, así como las mujeres, en mayor proporción continúan siendo víctimas del entramado de la trata de personas, haciendo hincapié en las zonas turísticas del país, como La Romana, Boca Chica, Puerto Plata e Higüey, para la explotación sexual comercial, pornografía infantil. En esos lugares se contactó que algunas familias entregan a sus hijos e hijas, para servidumbre doméstica, trabajo forzoso y mendicidad forzada.
Las causas continúan siendo las mismas: pobreza, violencia machista; de género e intrafamiliar, migración irregular, carencia en los esfuerzos para la prevención y protección a las personas…, y mientras esto ocurre, los recursos humanos, financieros y técnicos siguen concentrados en la ciudad, es decir en el Distrito Nacional y Santo Domingo; los municipios carecen de todo para el efectivo combate.
En la actualidad algunas estructuras de promoción de turismo y tours operadores, han sido identificadas como vías de captación de las redes de trata de personas. Entre las instituciones que trabajan constantemente en el tema están los ministerios de la Mujer, Interior y Policía, y la Procuraduría General de la República, sin embargo, en lugares donde no llega la asistencia gubernamental, el trabajo lo realizan las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) con representación nacional e internacional, y organizaciones comunitarias de esas poblaciones; suplen el vacío, asegura la citada investigación.
Justamente las ASFL, aun con grandes precariedades de recursos, accionan prevención, detección y atención con hincapié en la población vulnerable, migrante, infantil, adolescente y mujeres adultas víctimas de trata. Por eso, demandan al Estado, ser más drástico en la persecución y judicialización de los caos de trata de personas, para que quienes cometan el delito, tengan mayores consecuencias.
Ante este hallazgo, encontramos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el estudio: Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Trata de personas, afirma que, «La trata de personas ha recibido creciente atención mundial durante el último decenio. Inicialmente, el tráfico de mujeres y niñas para trabajo sexual forzado, y en menor grado para servidumbre doméstica, eran el único foco de las actividades de sensibilización y asistencia. Hoy existe un mayor reconocimiento de que se trafica con mujeres, niños y hombres para explotación sexual y laboral de diversas formas».
Las recomendaciones del estudio de PC, entre otras, son las siguientes: El Estado debe promover capacitación para las y los actores responsables de combatir el delito, apegadas a los objetivos de desarrollo sostenible; disponer de más recursos económicos para abordar el tema; iniciar investigaciones y obtener datos fiables. Se infiere que esto así, porque a nivel mundial y local es difícil obtener cifras fidedignas acerca de la trata, debido a su naturaleza ilegal y a menudo invisible, a la variedad y la gravedad de las actividades, precisa la OMS.
De igual forma, involucrar de forma oportuna a los ayuntamientos en la intervención de la trata de personas; generar confianza en la población para que esta denuncie. Asimismo, desarrollar campañas en medios tradicionales y redes sociales; apoyar a líderes comunitarios; mejorar para que sea oportuna, la asistencia y protección a las víctimas; expandir las fiscalías barriales; lograr judicialización y sentencias contra las y los tratantes…
Hasta la próxima entrega.
santosemili@gmail.com
(La autora es abogada y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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