Santo Domingo (República Dominicana).-La Academia de Ciencias y su Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente consideró como un paso positivo la medida tomada por el Gobierno de paralizar y excluir toda la actividad minera y extractiva del ámbito de la zona núcleo y de amortiguamiento del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier.
La decisión se debió tomarse hace mucho tiempo, dado el daño continuo que estas operaciones han provocado en los elementos culturales y naturales de esta área protegida.
La medida abre un espacio para que las empresas que operaban en la zona se retiren y sean excluidas en sus operaciones del ámbito del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier y de cualquier otra área protegida.
En un comunicado, la Academia solicitó que se diseñe y se implemente un proceso riguroso de remediación y restauración ecológica, a los daños causados después de décadas de operaciones sin atender el pasivo ambiental.
Asimismo, que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales obligue, conforme las leyes y los procedimientos a que estas empresas cumplan con las apropiaciones económicas para la remediación de los daños causados.
Igualmente, que, en ningún caso, a esta pertinente medida, se le busquen arreglos, para facilitar operaciones extractivas bajo ningún argumento de retiro paulatino de estas empresas.
El retiro debe ser ya, y a otro lugar lejano, donde jamás interfieran con áreas protegidas, con el recurso agua y con elementos distintivos y particulares de la biodiversidad, afirmó.
El Ministerio de Medio Ambiente, debe implementar un Plan de Acción urgente que mejore la efectividad de manejo y de gestión de esta área protegida, que fortalezca su administración y sus mecanismos de Protección y Vigilancia Preventiva.
Además, diseñar una oferta de uso público y de turismo cultural y natural que involucre a los comunitarios, de manera que, la protección y cuidado del sitio, se constituya en una oportunidad de trabajo para los moradores cercanos y adyacentes, generando un estado de buena vecindad y de esfuerzo conjunto para el cuidado y protección de este patrimonio del pueblo dominicano.
Esta decisión es un triunfo de la lucha por los bienes colectivos de la nación, afectados por intereses particulares, así como del movimiento ambiental y todos los sectores que han luchado incansablemente por la conservación y protección de este enclave cultural y natural de República Dominicana.
