Por Milton Olivo
Esa mañana amaneció con un murmullo distinto. No era solo una noticia más en el torrente informativo; era una de esas que sacuden la memoria colectiva y obligan a mirar atrás.
Durante décadas, en la República Dominicana, la traición a la sociedad con actos de corrupción de colaboradores cercanos al presidente de turno, solía quedar sepultada bajo el silencio del poder, la complicidad política o la resignación ciudadana.
La verdad es que en el gobierno de Luis Abinader la cosa ha sido diferente. Esta vez, el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley.
La gestión de un presidente suele ser juzgada no solo por sus aciertos, sino también por las sombras que otros proyectan sobre ella. Cuando un colaborador traiciona la confianza.
En el caso del presidente Luis Abinader, la reacción ante hechos reprochables —como los que han salido a la luz en instituciones sensibles del Estado, entre ellas SENASA—ha marcado una ruptura histórica con el pasado.
Lejos de proteger, encubrir o relativizar responsabilidades, el presidente ha facilitado —cumpliendo con su deber— que la justicia actúe con absoluta independencia, aun cuando los señalados formen parte de su propio entorno de gobierno y cercanía personal.
La escena es inédita para muchos dominicanos: funcionarios investigados, sometidos y llevados ante los tribunales sin que el poder presidencial se interponga como escudo.
En ese acto, silencioso pero contundente, se reafirma una verdad fundamental que durante años fue negada: la responsabilidad es individual. Cada quien responde por sus actos, no por el cargo que ocupa ni por la cercanía que tenga con el poder.
«Yo tengo amigos, no cómplices», ha dicho en más de una ocasión el presidente Abinader. Esa frase, que pudo parecer retórica en otros tiempos, se ha convertido en una línea de conducta.
No es solo una declaración de principios; es una frontera ética. Al empujar que los colaboradores respondan ante la justicia, el presidente envía un mensaje doble: a su equipo, de que la confianza no es licencia para delinquir; y al país, de que el Estado no es patrimonio privado de nadie.
La crónica de esta conducta reiterada del gobierno del cambio, no habla únicamente de traición, sino de consecuencia. De cómo un acto incorrecto, enfrentado con decisión y transparencia, puede fortalecer una gestión en lugar de debilitarla.
La población lo ha entendido así. Lejos de provocar descontento generalizado, la respuesta ciudadana ha sido, en gran medida, de respaldo a su presidente. Porque el pueblo distingue cuando un gobernante protege intereses y cuando protege principios.
En calles, redes y conversaciones cotidianas se repite una idea sencilla pero poderosa: «antes no pasaba». Y no pasaba porque la justicia se detenía en la antesala del poder. Hoy, cuando un funcionario es llamado a responder, no se percibe como una derrota del gobierno, sino como una victoria del Estado de derecho.
Esta crónica quedará registrada como el momento en que se confirmó que gobernar con ética implica costos, pero también genera confianza. Que actuar conforme a la verdad puede doler, pero dignifica.
Al final, la historia no recordará solo los nombres de quienes fallaron, sino la decisión de quien, pudiendo encubrir, —como el presidente Abinader— eligió facilitar e incentivar que la justicia hablara, cumpliendo con su deber constitucional y protegiendo el interés nacional.
milton.olivo@gmail.com
(El autor es escritor y analista geopolítico residente en Santo Domingo, República Dominicana).
