Nagua (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra otro hombre arrestado el 9 de agosto en una embarcación en la que trataba de llevar ilegalmente a Puerto Rico a 54 personas.
José Antonio Paredes «José Lancha», fue sometido a la justicia por el Ministerio Público que lo vinculó al tráfico de ilegales, tras ser detenido en la embarcación que fue interceptada a unas 40 millas náuticas frente a la costa de la Bahía de Samaná, con las 54 personas, incluido una menor de edad.
Paredes deberá cumplir la prisión en la Fortaleza General Olegario Tenares, del municipio de Nagua.
El Ministerio Público informó en un comunicado que la investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que por el viaje le fue requerida a cada persona sumas comprendidas entre los 4 mil y 5 mil dólares, dinero que sería pagado por familiares de los mismos a otras personas que forman parte de la red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes al momento de arribar a Puerto Rico, mientras que a otros del grupo les fue requerido pagar por adelantado sumas de hasta 40 mil pesos dominicanos.
Sobre el arresto de Paredes, indicó que fue sorprendido mediante operativo realizado por miembros de la Armada de República Dominicana en conjunto con la Guardia Costera cuando transportaba al grupo a bordo de una embarcación de fabricación clandestina, tipo yola, de aproximadamente 35 pies de eslora.
Detalla que la embarcación salió el pasado 8 de agosto desde la playa de Nagua, con destino hacia la vecina isla de Puerto Rico, y que durante todo el trayecto fue conducida por el encartado, utilizando pasos migratorios no formales y tratando de evitar ser detectado por las autoridades.
El Ministerio Público señaló que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de tráfico ilícito de migrantes agravado, en el grado de ejecución, los cuales son tipificados y sancionados por disposiciones de varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.
Dijo que se trata de un delito que de ser encontrado culpable, Paredes podría ser condenado a una pena privativa de libertad de 10 a 15 años de reclusión y al pago de una multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos y, contemplando las agravantes indicadas en la Ley 137-03, como se tipifica en el caso de la especie, dicho delito podría sancionarse con penas de hasta 20 años de privación de libertad.
El Ministerio Público destacó que con el nuevo caso suman 34 las medidas de coerción obtenidas contra involucrados en esa actividad criminal en los últimos cuatro meses, más de 25 consistentes en prisión preventiva.
Comentarios sobre post