Santo Domingo (República Dominicana).- La Coordinadora Popular Nacional anunció este jueves el domingo 16 de julio celebrará una Asamblea Popular Nacional por los Derechos Sociales y Ambientales del Pueblo Dominicano.
En la jornada deliberativa, que comenzará desde las 9.00 de la mañana en el Salón Durán Bracho, de del Colegio Médico Dominicano (CMD) en el Distrito Nacional, los movimientos sociales que hacen reclamos al Estado, aprobarán un «Plan Unificado de Lucha», en vista de que el gobierno del presidente Luis Abinader «no ha dado respuesta a la gran mayoría de las demandas que vienen realizando diversos sectores y comunidades por mejores condiciones de vida».
La Coordinadora Popular acusó al gobierno de «hacerse el sordo y mantener una actitud indolente frente a los reclamos de diversos sectores y comunidades, por lo cual en esta asamblea, se propondrá elevar de nivel y escala las protestas sociales».
Recordó que el domingo 4 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y durante una concentración frente al Palacio Nacional, se le entregó al gobierno un manifiesto de 17 puntos de conflictos socio ambientales en todo el territorio nacional y a ninguno de ellos le ha dado respuesta.
Además mencionó que el 1 de abril del 2022 representantes de la Coordinadora Popular, la Coalición por una Seguridad Social Digna, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, la Articulación Nacional Campesina (ANC) y otras organizaciones, se reunieron el presidente Abinader en el Palacio Nacional y le entregaron 8 puntos de un Programa Reivindicativo Nacional, a los que al día de hoy el gobierno se negado a responder.
La Coordinadora Popular Nacional también recordó que Coalición del Cibao y los movimientos sociales de esa región han paralizado las 14 provincias de la zona sin obtener ninguna respuesta del gobierno, y que tampoco han tenido respuesta positiva del gobierno de los reclamos del movimiento feminista, de los médicos, los profesores, los Peregrinos del Seibo, los desalojados, ni las diferentes comunidades movilizadas por sus derechos, y por el contrario, «el gobierno responde los reclamos de que no se privatice el agua, anunciando un acuerdo oscuro con la empresa israelí Mekorot».
Denunció que en comunidades como en Las Placetas en San José de Las Matas, Los Negros de Azua, Romero en San Juan de la Maguana, los afectados por la Barrick en Cotuí, Las Filipinas y zona cañera en Barahona, Bonao, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago Rodríguez y otras, a la gente se le quieren imponer proyectos contaminantes prácticamente a la mala, usando la represión en muchos casos como en Los Negros.
Igualmente, aseveró que en la República Dominicana se está produciendo un grave retroceso en materia de libertad sindical y derechos humanos, como lo muestran el caso de los trabajadores del Metro, el sindicato de la mina en Cerro Maimón, la sentencia del Tribunal Constitucional en detrimento de las trabajadoras domésticas, «la represión contra los trabajadores migrantes, dominicanos de ascendencia haitiana, parturientas y poblaciones diversas».
«Estamos frente a un cuadro general de denegación derechos a los sectores populares para favorecer los intereses egoístas de los grupos privados privilegiados tradicionales», expresó la Coordinadora Popular Nacional, que adelantó que la asamblea del próximo domingo 16 de julio se «levantará como un muro de contención contra los abusos».
La asamblea también es convocada por la Red Socio Ambiental Nacional, el Foro Ciudadano, las coordinadoras, colectivos y coaliciones regionales y locales, así como diferentes gremios profesionales y movimientos sociales independientes de la República Dominicana.
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