Santo Domingo (República Dominicana).- Por alegado de un desvío fraudulento de más de 11 mil millones de pesos de los fondos de la Seguridad Social y otras supuestas irregularidades, el Colegio de Abogados de la República Dominicana interpuso una querella penal en contra de Henry Sahdalá, Tesorero de la Seguridad Social.
Los profesionales de derecho acusan al funcionario de los delitos de prevaricación, desfalco, abuso de confianza, falsedad intelectual, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127, 147, 148, 185, 405 y 406 del Código Penal.
Miguel Surun Hernández, presidente de la entidad profesional, interpuso la querella en la Procuraduría General de la República para que posteriormente sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA).
El letrado denunció que Sahdalá ha desviado, de forma fraudulenta, miles de millones de pesos de los fondos de la Seguridad Social a través de las cuentas AFP00 Y AFP20, que son de dos Administradoras de Fondos de Pensiones ficticias.
Dijo que el depósito de los recursos en esas entidades son producto de la doble cotización de los afiliados, pero cuya existencia la desconocía el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
También lo acusa del desvío de la suma de 11 mil millones de pesos supuestamente en favor de las entidades aseguradoras de vehículos, las cuales en virtud del artículo 119 de la Ley 87-01 de Seguridad Social, tienen la obligación de financiar tratamiento de lesiones de accidentes de tránsito, a través del Fondo Nacional de Accidentes; pero dichos dineros han sido supuestamente sustraídos por el Tesorero para favorecer a entidades aseguradoras en perjuicio del afiliado de la seguridad social.
Surun Hernández acusa al funcionario de haber desviado fraudulentamente alrededor de 600 millones de pesos aportados por el Estado Dominicano para el Seguro Contributivo Subsidiado, instaurado en favor de los abogados y demás profesionales independientes, pero que nunca ha sido puesto en vigencia.
Dijo que sus recursos han sido utilizados de manera fraudulenta para otros fines; a pesar de que artículo 7, literal C, de la Ley de la Seguridad Social indica textualmente la obligatoriedad de implementación de Un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.
El jurisconsulto expresó que con esta acción quedan desamparados y sin cobertura decenas de miles de abogados y profesionales independientes cuyo derecho a la Seguridad Social también está contemplado en el artículo 60 de la Constitución de la República, que consagra para todos los dominicanos el sagrado derecho a la Seguridad Social.
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