Santo Domingo (República Dominicana).- El dirigente político, jurista, profesor universitario y Guido Gómez Mazara solicitó formalmente, por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la investigación del caso referente a la compañía Electromédica.
Según la solicitud, la operación de RD$655 millones realizada por Electromédica es el prototipo de violación al ordenamiento legal que resulta inobservado por las autoridades.
Atribuye la situación a la relación de carácter política entre la compañía suplidora y las autoridades oficiales del sector salud.
“Porque la violación a las leyes 41-08 de Función Pública y 340-06 sobre Compras y Contrataciones limitan perfectamente operaciones con funcionarios que, su condición de accionistas en compañías, mantengan operaciones con entidades gubernamentales”, dice el político en un comunicado de prensa.
A decir de Gómez Mazara, los escándalos conocidos en el marco de los últimos meses en que se relacionan funcionarios, compañías suplidoras, precios abultados y colindancias partidarias representan una de las múltiples modalides de acumulación que han construido riquezas inmensas en el marco de niveles de complicidad alarmante.
Reclamó de las autoridades del Ministerio Público responder sin que el momento electoral paute el ritmo de respuestas institucionales.
Nuevos elementos en otros casos
El dirigente político, en su nota, adicionó nuevos elementos a los expedientes relativos al Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), y al Programa Nacional de Asfalto realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Estos constituyen modelos lamentables de prácticas opacas donde se asocian ventajas financieras y relaciones políticas propias de un tinglado mafioso que tanto daño generan al desenvolvimiento de las instituciones públicas”, según el jurista.
Advirtió que en esos casos se repite el esquema de ventajas financieras, desprecio del marco legal y convencimiento de que el factor político garantiza niveles de impunidad.
Justifica su planteamiento en que los beneficiarios de los procedimientos están asociados con instancias de poder y actual situación de emergencia alrededor de la crisis sanitaria facilita piruetas éticas que serán toleradas por la sociedad.
Recordó que en el caso de Electromédica, la actual directora de INAVI aparece como una de las principales accionistas de la compañía que suple a instituciones del sector salud.
Dijo que en el INAIPI la confesión de un empresario respecto de solicitud de 30 millones para facilitar una operación en la entidad y muchos beneficiarios del programa de asfaltado asociados a movimientos y cenas de recaudación a favor del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), revelan un esquema que debe ser denunciado y sus responsables procesados.
El político reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos actuales, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional.
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