San Juan, 20 jul (INS).- Organizaciones del sector privado aplaudieron la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal en una carta sobre la Ley 41-2022 de Reforma Laboral, y le solicitaron al gobernador que cumpla con la petición de suspender la entrada en vigor de la ley, para evitar la confusión entre los empleadores.
Representantes de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (Acdet), Centro Unido de Detallistas (CUD), Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prhta) coincidieron en que el proceso de aprobación de la ley “no contó con análisis de impacto económico alguno”.
La misiva enviada por la Junta requirió al gobierno que “inmediatamente suspenda la implementación de la ley” y que emita “una declaración pública confirmando tal suspensión para evitar la confusión en los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”.
Los profesionales argumentaron que en Puerto Rico “no existe un problema de falta de beneficios aún después de la Ley 4 de 2017, lo que hace innecesario reversarla”. Resaltaron asimismo “la contradicción de que, aun cuando la isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún Estado de los Estados Unidos, los sueldos son mucho más bajos y tenemos una menor tasa de participación y mayor desempleo”.
Las organizaciones coincidieron en su deseo de que los empleados en la isla gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero indicaron que “esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa”.
Los empresarios, “que también somos parte de la fuerza laboral del país”, reafirmaron su preocupación ante el costo de hacer negocios en Puerto Rico, que actualmente enfrenta “una inflación sin precedentes”, por lo que exhortaron al gobernador “a seguir la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal al respecto, por el bien del país”.
Expresiones de Pierluisi
Al respecto, el gobernador Pedro R. Pierluisi señaló anoche que “el gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley Promesa no faculta a la Junta para paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnarla”.
Añadió que, en caso de ocurrir eso, “el gobierno defenderá la enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo que es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”. INS
aa
Comentarios sobre post