Montecristi (República Dominicana).- El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEMAMDER) solicitó este lunes la intervención del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, para lograr que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cumpla con la Ley General 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, y entregue información relativas al Plan de Estudio Ambiental del proyecto que pretende desarrollar una central térmica dentro del área protegida Laguna Saladilla, en Manzanillo.
El presidente del CEMAMDER, Frank Valenzuela, afirmó que mediante solicitudes número: SAIP-SIP-000-63459, 60 y 61 del 2022-04-02 hicieron la petición al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que su respuesta del 27 de abril de 2022, fue de que el documento estuvo disponible en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde an las oficinas de Medio Ambiente durante 15 días laborables, y que el plazo de la para la consulta del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos estaba vencido.
Valenzuela lamentó que siendo Jorge Mera hijo de un «verdadero demócrata y un luchador por las luchas civiles del pueblo dominicano, se preste a denegar informaciones que son de carácter público», y recordó que quien lo hace es un prestigioso abogado de los tribunales de la justicia dominicana, y en este caso quiere justificar «chicanas jurídicas».
Resaltó que es lamentable la denegación de informaciones públicas y con ello la violación a la ley, porque hasta un proyecto que ha sido seriamente cuestionado como lo es Punta Catalina, mantiene en la web su estudio de Impacto Ambiental con más de 900 páginas de la formulación del proyecto, para que sea documento de consulta e información ciudadana.
Agregó que el caso del proyecto que asegura impactará en el área protegida Laguna Saladilla, el estudio de impacto ambiental tiene que estar a investigar, evaluar y documentar las informaciones que permitan a los involucrados en el sistema, especialmente a la ciudadanía del municipio Pepillo Salcedo, a los servicios públicos u otras instituciones responsables y al proponente, a tener un conocimiento acabado sobre los riesgos y beneficios de su implementación.
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