San Juan (República Dominicana).- Fiscales de esta demarcación, en coordinación con autoridades policiales, realizaron varios allanamientos en el municipio San Juan de la Maguana, y en la sección El Batey, donde desmantelaron una red de estafa al Estado y a la Administración de Subsidios Sociales, mediante suplantación de identidades de beneficiarios.
Tras el operativo, el Ministerio Público informó que solicitará en las próximas horas medidas de coerción en contra de Daniel Villegas Aquino «Pocholo», Cristopher Piña Javier, Ambriori Encarnación Ubrí y Rigoberto Solís, quienes se combinaron para sustraer millones de pesos al programa asistencial.
Villegas Aquino y su cuñado Piña Javier, cabecillas del grupo, se confabulaban con dueños de colmados para el cobro del subsidio que el Estado entrega a familias de escasos recursos.
A Ambriori Encarnación Ubrí, propietario del colmado La Altagracia, ubicado en la Prolongación 27 de Febrero de esta ciudad, las autoridades le ocuparon en los operativos vouchers de pago, volantes de depósitos y retiros de su cuenta del banco Banreservas por más de 2.750.000.00, obtenidos durante sus operaciones fraudulentas.
En el Colmado Solís, ubicado en El Batey, y propiedad de Rigoberto Solís, ocuparon un verifone, voucher de pago, volantes de depósito y retiro y varias tarjetas de los programas sociales, a pesar de que su verifone ya había sido bloqueado debido a irregularidades anteriormente cometidas.
La Fiscalía de San Juan de la Maguana detalló que, en las casas de los principales cabecillas de la red, se ocuparon nueve teléfonos, laptops, jeepetas, casi un millón de pesos en efectivo, documentos de propiedad y de alquileres de locales, además de memorias USB que dan constancia de la data que usan para la estafa.
Agregó que con las acciones de robo agravado los imputados afectaron a millones de usuarios de los servicios de subsidios sociales que realiza el Estado dominicano a favor de los más necesitados.
Las investigaciones permitieron determinar que Daniel Villegas Aquino poseía una base datos con las cédulas y códigos de los beneficiarios de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), con cuyos registros obtenía los verifones para los colmados, a cuyos propietarios les pagaba el 50% del dinero estafado.
Los integrantes de la red pasaban esas cédulas con sus respectivos códigos y la institución les depositaba los montos reportados a los dueños de los colmados.
Además, se valían de contactos en los bancos y en el propio programa para obtener información de establecimientos comerciales que no estaban confabulados con ellos y les enviaban a personas que simulaban pertenecer al programa para cobrar sumas millonarias.
El Ministerio Público atribuye al grupo la comisión de delitos previstos y sancionados por los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal; 15 de la Ley 53-07 y 3 y siguientes de la Ley 155-17, sobre asociación ilícita para cometer estafa agravada en perjuicio del Estado, estafa electrónica y lavado de activos.
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