Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este lunes mantener en prisión preventiva, al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra,
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la fortaleza de los expedientes instrumentados por el Ministerio Público, que hizo la petición, durante la actual gestión que está bajo la responsabilidad de la magistrada Miriam Germán Brito.
“Todo el que tenga responsabilidad penal y el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en lo que tenga que culminar. Eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie”, expresó Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La magistrada se refirió en esos términos al responder preguntas de periodistas en torno a la denuncia hecha este pasado domingo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que califica de “mención tendenciosa e irresponsable” del ex presidente Danilo Medina, por parte del Gobierno, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción (PEPCA), en hechos que se le imputan a otros, independientemente del grado de consanguinidad, familiaridad o relación que pueda existir entre dos o más personas.
Además, el partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la Procuraduría General de la República para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el ex presidente Medina, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos.
“No creo que se pueda decir que se haya dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación, y (…) este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos”, expresó por su lado Reynoso, al aclarar que todavía el Tribunal no notifica la acusación del caso Pulpo a las partes.
“El que quiere discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo en la acusación se dijo sin tener pruebas. Entonces, como no se han referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no la han hojeado, las cuestiones políticas que las respondan los políticos. Y como no se ha dicho nada de la acusación de los hechos gravísimos que nosotros hemos probado, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que responder”, manifestó Reynoso.
La jueza Vásquez dispuso el mantenimiento en prisión de Rodríguez y Forteza, durante la revisión obligatoria de la medida de coerción de prisión preventiva por 18 meses que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La magistrada también fijó la próxima revisión obligatoria para el 19 de marzo de 2022.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Por este caso, Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez, fue arrestado en España, y el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El Ministerio Público les imputa violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
Además, el Ministerio Público acusa al grupo de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
Señala que igualmente, el exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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