Por Henri Hebrard, analista económico.
Solo en el legendario país de Absurdistán, se le ocurriría a alguien plantear la construcción de un nuevo aeropuerto en Moca para competir con Santiago y Puerto Plata, o en Boca Chica para competir con Las Américas.
De tener el Estado la capacidad financiera para nuevas inversiones en el actual sistema aeroportuario, entonces, la decisión más acertada sería priorizar estas capacidades a favor del subsistema Sur, en coherencia con los nuevos planes de las autoridades para el sector turismo, y para ello, nos parece atinado considerar otorgar incentivos fiscales, siempre y cuando estén contemplados en la ley, y cumplan con las cuatro características de un incentivo bien diseñado: tiene que ser muy bien focalizado; tiene que ser condicionado (monto de inversiones, construcción de obras, creación de empleos, generación de divisas); tiene que ser limitado en el tiempo; y, quizás lo más importante de todo, muy bien administrado. De no cumplir con estas cuatro importantes características, y especialmente cuando la gestión de los incentivos es tan deficiente como lo fue en el caso del proyecto fallido de aeropuerto de Bávaro, entonces se corre el riesgo de provocar usos irracionales de facilidades fiscales (siempre cuestionables, pero aún más tomando en cuenta las actuales limitaciones financieras del Estado), o hasta peor, que se decida resolver estas problemáticas sencillamente eliminando los incentivos al sector turismo.
¿Decisión que se ve solamente en el legendario país de Absurdistán?
Ojalá fuera el caso, ya que hasta unos pocos días atrás, una fuerte mayoría de Senadores de la República ha votado en primera lectura un proyecto de ley eliminando a rajatablas todas las leyes de incentivos:
(http://www.senado.gov.do/wfilemaster/documentoredirect.aspx?bd=28&item=37353&codigocoleccion=53&codigoexpediente=32995 ),
incluyendo los mismos programas contemplados en la “Ley 158-01 que establece la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística.”
Esta funesta iniciativa de una gran mayoría de senadores ha provocado una honda y justificable preocupación, no solamente entre los actores del sector turismo, tanto dentro como fuera del país, sino también entre los pobladores de todos los polos turísticos del país que todavía no terminan de recuperarse de los impactos demoledores de la pandemia de la COVID sobre los niveles de empleo en estas áreas. Es que, a pesar de la notoria recuperación del sector turismo en los últimos meses, las estadísticas del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), (https://www.idac.gob.do/transparencia/descarga/9719/) muestran que las llegadas por los diferentes aeropuertos sumaban un total de 4,070,437 pasajeros acumulados a octubre 2021, quedándose todavía un 31.9% por debajo de las llegadas acumuladas a octubre 2019 (un total de 5,975,947 viajeros).
Del mismo modo, las estadísticas mensuales publicadas por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) (https://tss.gob.do/assets/histcoti8_2021.xlsx) indican que, de un total de 86,422 empleados formales ocupados en el subsector “Servicios de Hoteles y Similares” a febrero 2020, esta cifra se había derrumbado a apenas 31,659 a mayo 2020, o sea una dramática caída de un 63.3% equivalente a 54,763 cotizantes menos, y que, a agosto 2021, aún no se había recuperado definitivamente, alcanzando un nivel de 71,935 cotizantes, equivalente a una tasa de recuperación de 73.5% de los cotizantes perdidos entre mayo 2020 y agosto 2021.
Tal como lo advierte el destacado jurista Enrique de Marchena, una de las mejores referencias en el país en materia de inversión extranjera y de turismo: “Entonces, supongamos que nos volvimos locos y se derogan los incentivos, sobre todo la ley de incentivos al turismo, lo que estamos haciendo es afectando el futuro, no el presente.” El mismo de Marchena precisó unas cifras contundentes producto de un estudio realizado por la economista Jacqueline Mora: y es que por cada peso invertido por el Estado en incentivos al turismo, la cadena de valor de este sector devuelve al fisco nueve pesos. ¡Más claro no canta un gallo en República Dominicana! (¿será que mataron a todos los gallos en Absurdistán?).
De hecho, una mirada desapasionada al capítulo del Gasto Tributario del proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos para 2022 (https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2021/10/Gastos-Tributarios.pdf) mostraría que los incentivos fiscales consentidos al sector turismo (RD$7,594.2 millones) representan apenas el 2.7% del total de las exoneraciones fiscales (RD$285,688.7 millones) proyectadas por la muy oficial Comisión Interinstitucional Coordinada por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria y compuesta por el Ministerio de Hacienda (MH), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Es más, una lectura más detallada de la composición de este gasto tributario asignado al sector turismo permitiría relativizar aún más este supuesto “sacrificio fiscal”:
. Impuestos al patrimonio: con un total proyectado en RD$3,790.4 millones, representan prácticamente la mitad del total del gasto tributario del sector turismo, pero al mismo tiempo, solo representan el 9.9% del total de gasto tributario a través de exenciones al patrimonio; considerando que cerca del 20% del empleo total (directo e indirecto) del país se deriva del sector turismo, no parece ser una inversión tan absurda;
. ITBIS: se proyecta un valor de RD$1,874.1 millones a favor del turismo, o sea tan solo el 1.15% del valor las exoneraciones totales del ITBIS en la economía (RD$161,869.5 millones);
– Aranceles: se proyecta un valor de RD$932.9 millones para 2022, lo que resulta inferior al sacrificio fiscal consentido por este mismo concepto en las compras por Internet (¡!…);
Impuesto sobre la Renta a las Empresas (ISRe): el proyecto 2022 consigna un valor de RD$931.2 millones, lo que resulta inferior al sacrificio fiscal consentido a favor de las empresas de la Zona Fronteriza.
En conclusión, de insistir los honorables senadores en su afán de eliminar los incentivos al turismo, tomarían una decisión digna del Absurdistán y totalmente contraria a los intereses de la República Dominicana, ya que, como lo advirtió Enrique de Marchena: “Estos incentivos han aportado al país en los últimos 20 años cerca de US$7,500 millones en inversión nacional y extranjera directa, por lo que eliminarlos castraría las posibilidades de un prometedor desarrollo de las provincias Pedernales, El Seibo (Miches) y María Trinidad Sánchez (Cabrera, Nagua y Playa Grande).”
Ojalá pues nos alejemos definitivamente de las prácticas erráticas, dignas del Absurdistán, para concentrarnos de nuevo en una política voluntarista de incentivos turísticos bien diseñados y bien gerenciados, en pro del futuro brillante de la industria sin chimenea de la República Dominicana.
h.hebrard@henrihebrard.com
(El autor es analista económico residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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