Santo Domingo (República Dominicana).- Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer la prevención del lavado de activos e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias.
El compromiso de las partes quedó sellado en un acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito entre la directora general de a UAF, María Holguín López, y el presidente de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), Alfredo Darío Dorrejo.
Como parte del acuerdo AIRAC y la UAF desarrollarán actividades y proyectos específicos de formación y capacitación de interés mutuo, en formato de cursos cortos o diplomados, talleres, conferencias, webinarios, entrenamientos y cualquier otra actividad propia de la naturaleza de ambas instituciones, enmarcadas en los propósitos del acuerdo.
Al valorar el convenio, Dorrejo señaló que con esta decisión AIRAC fortalece su rol preventivo y de autorregulación para que sus cooperativas se mantengan -como siempre lo han hecho- en un modelo de gestión basado en las mejores prácticas.
AIRAC y la UAF se comprometieron a mejorar e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias, en el interés conjunto de prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos.
Las cooperativas afiliadas a la AIRAC, organización establecida desde 1992, representan activos netos por más RD$89.000 millones y de una cartera de préstamos netos por más RD$59.000 millones, agrupando más de un millón de socios, un importante segmento de la dinámica económica del país.
Estas instituciones prestaron más de RD$39.000 millones en 2020, en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19, impactando en el sector comercial, pequeños empresarios y familias que mueven la economía del país.
Por su lado, la UAF es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley número 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Está adscrita al Ministerio de Hacienda y su rol es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
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