El director del hospital Ney Arias Lora, Julio Landrón, comentaba a los medios, con mucha preocupación, que, a la fecha, en la República Dominicana las muertes por accidentes de tránsito terrestre superan las 3,600, por encima de los decesos causados por la pandemia coronavirus, que al momento de escribir este artículo en el territorio nacional se registraba un acumulado de 2,192.
Los accidentes de tránsito son una de las grandes epidemias que afectan a los dominicanos, convirtiéndose en una de las principales causas de muertes. Las demás causas las conocemos.
Hay otras secuelas de muertes que se producen a causa de accidentes laborales en industrias o estaciones de expendios de gas propano, pero omitiré por ahora hacer comentarios.
No estoy diciendo nada que no sepan todos los dominicanos. Cada año observamos los mismos titulares en los medios de comunicación escritos, mientras las redes sociales y la televisión continúan difundiendo las imágenes de los escombros humanos depositados en las diferentes vías públicas donde se producen esos lamentables acontecimientos.
Los especialistas consideran que en esos accidentes influyen varios factores, entre ellos, la parte humana que implica el mayor por ciento en lo que concierne a las causas, esto debido a la desobediencia en el cumplimiento de las señales de tránsito y al manejo temerario de los conductores.
Hay otras causales que mueven a la reflexión de las personas sensatas: el alcoholismo y la droga. Una gran parte de los choques viales ocurren porque las personas conducen bajo los efectos del alcohol o la droga.
Soy testigo de esa realidad porque recorro a menudo las calles de Santo Domingo en rutas a los centros de salud en compañía de conductores familiares y veo cómo ellos aplican el manejo defensivo para evitar ser impactados por individuos que realizan rebases temerarios, transitan a toda velocidad, cruzan la luz roja o se atraviesan sin hacer señales para cruzar hacia una intercepción vial.
Muchos conducen sin licencia; otros compran esos sistemas de transporte y no tienen licencia ni seguro vehicular. Se da el caso de algunos individuos compran las licencias y salen a las calles sin conocer las reglas del tránsito. Son asesinos potenciales que se convierten en víctimas de sus imprudencias.
Alrededor de 36.1 personas mueren en accidente de tránsito terrestre en el país, por cada 100 mil habitantes, según el último estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud citado por el galeno, lo que nos sitúa en el cuarto lugar en el mundo de mayores muertes por esta causa. Son estadísticas que preocupan.
“Tomando en cuenta estas cifras, estimamos que República Dominicana tendrá alrededor de unas 4 mil muertes por estas causas, lo más grave es que posiblemente mueran personas que llevaban el sustento a sus hogares, lo que afecta directamente a las familias mientras que el 45% de los involucrados queda con lesiones temporales o permanentes, lo que imposibilita la integración a toda capacidad a la vida productiva”, según el doctor Julio Landrón, que también presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia.
Al presupuesto de salud se le cargan 50 mil millones de pesos al año por causa de los lesionados y las muertes por accidentes de tránsito. Las salas de los hospitales traumatológicos están repletas de pacientes accidentados y las mayorías mueren.
De nada han resultado los llamados a la ciudadanía para que aúnen esfuerzos y voluntades en la concienciación para prevenir los accidentes de tránsito y fomentar el respeto a las leyes.
Son orientaciones que caen en el vacío y no calan en la conciencia de los salvajes que andan detrás del volante de un vehículo, sembrando terror y destrozando vidas, incluyendo las suyas.
Alrededor del 7 % de las defunciones por accidentes de tránsito en el período 2017-2019 en República Dominicana, se produjeron en 11 provincias, según las estadísticas del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) publicada el 5 de octubre del 2020. En ese estudio se revela que la provincia Santo Domingo ocupa el primer lugar con 20.8 %, y los jóvenes son el segmento poblacional más afectado.
Hace tres años, se divulgó un informe que establecía que más del 90% de las muertes por esas causas se produce en países de ingreso bajo y mediano. El nuestro se caracteriza por el fenómeno de violencia vial en sus calles y carreteras, vías que funcionan con precarias iluminaciones y obstáculos que ocasionan colisiones.
Veamos algunas estadísticas. En la nación quisqueyana se producen 28 muertes anuales por cada cien mil habitantes, según un viejo informe del Banco Mundial, solo superada por países como Zimbawe (45), Venezuela (42), Liberia (35), Congo (34), Malawi (34), Mozambique (33), Tanzania (33), Tailandia (32), República Centroafricana (32), Madagascar (31), Kenia (31), Sudan (29) y Sierra Leona (29).
Con el mismo índice de mortandad que nuestro país, se encuentran Senegal, Camerún, Níger, Guinea y Arabia Saudí. Un menor registro de muertes ocurre, por ejemplo, en Kazajistán, Mongolia, Camboya, Marruecos, Mauritania, Namibia, Afganistán, India, Vietnam, Pakistán o Etiopía. Los países mejor posicionados en esta lista son Reino Unido (3), Suiza (4), Alemania (4), España (4), Australia (5), Francia (5), Austria (6) y Canadá (6).
El informe financiado por Bloomberg Philanthropies señala que en los países más afectados, sobre todo en los de ingreso bajo y mediano, una notable reducción de los accidentes de tráfico produciría importantes beneficios sociales y económicos, estimándose que, en un periodo a largo plazo de 24 años, ello repercutiría positivamente en el Producto Interno Bruto (PIB) hasta el punto de contribuir a un incremento del 3,6%. ¿Se entendió esa parte?
Por el contrario, el documento titulado The High Toll of Traffic Injuries: Unacceptable and Preventable (El alto costo de las lesiones por accidentes de tránsito: inaceptable y prevenible, traducción mía), dice que los países que no invierten en seguridad vial podrían dejar de crecer en el mismo plazo su PIB en un margen de 7% a 22%.
Entre los elementos que destaca el informe se especifica que, a pesar de que estas naciones en conjunto solo poseen cerca de la mitad de los vehículos automotores del mundo, en ellos se produce el 90% de las muertes y las lesiones no mortales por accidentes.
En la República Dominicana se venden cada año miles de vehículos que entran por los puertos marítimos y son registrados legalmente, lo que ha contribuido a la sobre población de esos aparatos y a los entaponamientos a todas horas.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó en el 2019 un boletín estadístico donde informaba el parque vehicular del país al 31 de diciembre de 2018. Este boletín contiene las principales estadísticas y transacciones realizadas por los contribuyentes mostrando la composición de las flotillas por clase de vehículo, origen, marca, color, año de fabricación, así como por género y edad de los propietarios.
Al 31 de diciembre de 2018, el stock (valores) de vehículos registrados ascendió a 4,350,884 unidades, registrándose un total de 253,546 de nuevo ingreso más que en el 2017. De esa cantidad, el 55.1% son motocicletas, el 20.9% corresponde a automóviles, el 10.3% son jeeps y el 13.6% restante corresponde a vehículos de carga, autobuses, entre otros.
No olvidemos que las motocicletas son causantes de una buena parte de las muertes en accidentes.
La mayor cuota de los vehículos registrados pertenecen al Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, con una participación de 31.4%, 14.9% y 7.6%, respectivamente.
El 61.7% del parque vehicular pertenece a personas físicas, mientras que el 38.3% restante a personas jurídicas. Si categorizamos por género, observamos que el 77.5% pertenece al género masculino, mientras que el 22.5% al género femenino.
En cuanto a la edad del propietario, del total de vehículos registrados a nombre de personas físicas, el 29.8% corresponde a ciudadanos mayores de 56 años, el 26.6% a personas cuya edad se encuentra entre 36 y 45 años, el 26.2% a los que se encuentran entre 46 y 55 años, el 17.2% a personas que poseen entre 26 y 35 años y el 0.3% restante a los menores de 25 años.
Viendo estas frías estadísticas, dejo a la libre apreciación de usted, apreciado lector, la conclusión de por qué está sucediendo esa situación en nuestro país. Al parecer, no hay solución a este desorden.
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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