Puerto Plata (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia, que imponga prisión preventiva, como medida de coerción, contra un matrimonio acusado de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal «Quédate en Casa».
El programa es coordinado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) en el marco de la pandemia provocada por la Covid-19.
De acuerdo al Ministerio Público, los esposos Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo estafaron a personas de avanzada edad que acudían al «Colmado Ramón Susaña», ubicado en la calle Principal, número 61, Palo Blanco, Puerto Plata, para realizar consumos de alimentos facilitados por el Gobierno a través de «Quédate en Casa».
Una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat), determinó que los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Adess a favor de los beneficiarios-denunciantes.
Los imputados decían a los beneficiarios de la Adess que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por los imputados.
Luego los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.
A los imputados se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.
El Ministerio Público ha calificado el hecho de manera provisional de violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
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