San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó por descargue en su sesión ordinaria la Resolución Conjunta de la Cámara 423, que autoriza la transferencia del título de propiedad, los terrenos, edificios, instalaciones, mejoras y demás bienes del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La medida, presentada por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y los representantes Joe “Joito” Colón Rodríguez, Edgar Robles Rivera y Tatiana Pérez Ramírez, establece que la transferencia se efectúe libre de gravámenes y cargas que afecten la titularidad de los bienes, salvo aquellos derechos y restricciones que deban mantenerse conforme a la ley.
Además, busca preservar la designación y el uso del lugar como parque nacional de acceso y disfrute público, sujeto a las leyes de conservación y protección ambiental aplicables y reconoce la anuencia de los municipios de Camuy, Hatillo y Lares, a este proceso.
En la exposición de motivos de la pieza, se señala que la transferencia propuesta permitirá que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio asuma la titularidad del parque y coordine, a través de la Oficina de Turismo, su conservación, rehabilitación, operación y desarrollo turístico de forma integrada.
Asimismo, se aprobó el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 489 para crear la “Ley del Programa de Vigilancia, Prevención y Protección de Menores”, a los fines de imponer supervisión electrónica como condición adicional a la fianza, cuando exista una determinación de causa probable para arresto por la comisión delitos en contra de la integridad y seguridad de menores de edad.
Esta propuesta facultará al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) para que establezca en su informe de evaluación de imputados de delito la recomendación de supervisión electrónica como condición adicional al momento de conceder la fianza. Esto en los casos de maltrato, agresión sexual, actos lascivos, incesto comercio de personas para actos sexuales y producción de pornografía infantil, entre otros.
Además, establece zonas de exclusión, siendo estas los lugares donde el imputado no puede acercarse para garantizar la seguridad y protección del menor.
En el lenguaje de la pieza indica, que esta medida es presentada para tomar acción ante el hecho de que en el 2020 se reportaron por parte de la Oficina de Estadísticas y la Unidad de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía de Puerto Rico 566 víctimas entre cinco años o menos hasta 17 años. En el 2021 la cifra alcanzó 616.
Los legisladores también avalaron el Proyecto de la Cámara 866 de los representantes Jerry Nieves Rosario, Luis “Josean” Jiménez Torres, Gabriel Rodríguez Aguiló y Colón Rodríguez, con el objetivo de autorizar a enfermeros que laboran dentro de los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados, a administrar vacunas solo a adultos, así como para establecer los requisitos mínimos para dicha autorización.
Tanto Rodríguez Aguiló como Jiménez Torres indicaron que esta medida es una para ampliar el acceso a puntos de vacunación y prevenir así la propagación de enfermedades en la población.
Igualmente fue refrendado el Proyecto de la Cámara 1263 presentado por el representante Víctor Parés Otero, a petición de la Oficina del Contralora de Puerto Rico, para establecer que, si esta entidad cita a un testigo para entrevista o para entrega de documentos y no comparece, el foro judicial podrá imponer costas y honorarios de abogados una vez se determine que la persona ha actuado de forma frívola.
