San Juan (Puerto Rico).- El Partido Fuerza del Pueblo en Puerto Rico expresó su repudio a la intimidación, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento por color de piel, acento u origen nacional durante operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), particularmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en comunidades habitadas por inmigrantes de origen nacional dominicano.
Dijo que reconoce la facultad federal de aplicar las leyes migratorias, «pero exigimos que se ejerza con legalidad, proporcionalidad y pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria».
Indicó que las intervenciones denunciadas en los sectores de Barrio Obrero, Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo del Municipio de San Juan, en Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, incluida la situación relatada en la parroquia San Antonio de Padua, en el sector de Río Piedras, suscitan graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado. «Exigimos una investigación independiente, pronta y transparente».
«Estos reclamos se suman a los señalamientos formulados por el Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan y la ACLU de Puerto Rico sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos», expresaron en un comunicado Henry Rodríguez Sánchez, presidente de la seccional del Partido Fuerza del Pueblo PR Circunscripción número 2 del Exterior; Ángel Michel Terrero, presidente, en el territorio Puerto Rico; Álvaro Núñez Paulino, asesor en Derecho Migratorio, y la abogada Viviana Díaz Saviñón, asesora en Derecho Migratorio de la organización.
En ese sentido, convocó a las comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias, organizaciones comunitarias y de derechos humanos, colegios profesionales, juristas, comerciantes, estudiantes y sectores solidarios, a participar en una «vigilia comunitaria pacífica», dentro del marco de la ley, el 22 de noviembre a las 6:00 de la tarde, avenida Borinquen esquina San Antonio, en Barrio Obrero, en repudio a las «intervenciones ilegales denunciadas en los lugares donde residen ciudadanos dominicanos y otras personas inmigrantes, y a los arrestos basados en perfiles de color, raza u origen nacional».
La seccional del Partido Fuerza del Pueblo en Puerto Rio indicó que se reunirán en defensa del debido proceso, la igual protección de las leyes, la unidad familiar y el derecho de toda persona a vivir sin temor ni discriminación.
Recordó que la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos protegen, respectivamente, la expresión y documentación pacífica de actos oficiales, frente a registros y detenciones irrazonables, y el debido proceso. «La condición migratoria no elimina estas garantías. Una orden administrativa migratoria, por sí sola, no autoriza el ingreso forzoso a una vivienda sin consentimiento. Ningún ser humano debe ser tratado como sospechoso por el lugar donde vive, su origen nacional, su apariencia o su manera de hablar».
La organización política reclamó investigar los relatos sobre menores presuntamente utilizados para presionar a sus padres, personas lesionadas sin asistencia médica y hostigamiento a familias. Deben preservarse los videos y demás pruebas, proteger a los afectados y garantizar atención médica, al tiempo que exigió que en los procedimientos migratorios se garantice acceso efectivo a representación legal y expedientes de DHS, condiciones dignas de detención, audiencias justas, decisiones fundamentadas y recursos de revisión, sin prejuzgar casos individuales.
Dijo que el temor a la detención y separación familiar impide a muchas personas trabajar, estudiar, acudir a iglesias, hospitales o solicitar servicios esenciales. Este daño alcanza también a la economía y a la convivencia social puertorriqueña.
Al mismo tiempo, instó al Gobierno de Puerto Rico a esclarecer la denunciada entrega de datos de licencias de conducir al DHS y su posible relación con operativos posteriores, y a los municipios, el Congreso y organismos de derechos civiles, fiscalización efectiva y apoyo a las familias, sin colaboraciones incompatibles con los derechos fundamentales.
También llamó a las autoridades diplomáticas dominicanas y al Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico a defender activamente a sus nacionales, y a organizaciones comunitarias, y a la ciudadanía, a documentar y denunciar las intervenciones ilegales de ICЕ.
