Redacción (Hispan TV).- La defensa del secuestrado presidente Nicolás Maduro solicitó a un tribunal de EE.UU. desestimar el caso penal, porque goza de inmunidad soberana como mandatario de Venezuela.
El abogado Barry Pollack solicitó el miércoles a la Justicia de Estados Unidos que archive el proceso penal abierto contra el mandatario, secuestrado en una cárcel estadounidense desde la operación militar lanzada a comienzos de enero por orden del presidente Donald Trump en Venezuela. Los abogados sostienen que, al tratarse de un jefe de Estado de un país soberano, está protegido por inmunidad soberana.
“Este proceso judicial sin precedentes viola la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que tienen derecho desde hace cientos de años los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales”, reza el escrito presentado por el abogado de Maduro, Barry Pollack.
Además, el letrado sostiene que el tribunal estadounidense “carece de competencia tanto en virtud de la inmunidad de jefe de Estado, como de la inmunidad basada en la conducta”, por lo que, ha subraya, “debe desestimarse la causa” contra su cliente.
Pollack deja en claro que el jefe de Estado venezolano “se ha declarado inocente y niega rotundamente las acusaciones que se le imputan”, y añade que, si el procedimiento llegara a juicio, “quedaría claro que ha sido acusado injustamente”.
Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su secuestro en Caracas el pasado 3 de enero, y su caso se tramita en Nueva York. La Fiscalía estadounidense tiene de plazo hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones —previsiblemente en contra—, y la vista para debatirlas está fijada para el 17 de noviembre. El juicio, si finalmente se celebra, no llegaría hasta junio de 2027.
“Soy un presidente secuestrado, prisionero de guerra”, dijo Maduro al declararse “inocente” junto a su esposa, Cilia Flores, durante su primera comparecencia en un tribunal de Nueva York por las acusaciones de narcotráfico en enero de 2026.
Maduro fue elegido presidente por primera vez en 2013. Tras su detención, Delcy Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta, asumió como presidenta encargada. Rodríguez ha condenado públicamente la operación estadounidense contra Maduro, aunque también ha manifestado su disposición a abrir una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington.
El caso Maduro se convierte así en un ensayo general de lo que podría ser el nuevo orden jurídico global: uno donde la potencia hegemónica usa sus tribunales como prolongación de su poderío, y donde la soberanía de las naciones se diluye ante la extraterritorialidad de la ley del más fuerte.
Apenas siete meses después del secuestro de Maduro, la Administración de Donald Trump ha cerrado un acuerdo con la presidenta interina Delcy Rodríguez para tomar el control de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas, equivalentes a unos 65.000 millones de barriles de crudo.
El acuerdo ha desatado una oleada de críticas, e incluso expertos cuestionan la legalidad del pacto —que violaría la Constitución venezolana y el derecho internacional— y la capacidad de un gobierno interino para comprometer los recursos del país durante un siglo.
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