Por Hector Turbi
Proyecto Minero Romero y otras concesiones de exploración minera de la Goldquest en la Cordillera Central.
Consorcio Azucarero Central (CAC) y contrato de arrendamiento del Ingenio Barahona.
Concesión a la empresa Belfond Enterprise para la explotación de Carbonato de Calcio en el Bahoruco Oriental.
Estos son algunos de los nombres de proyectos que simbolizan el abuso de las élites corporativas – gubernamentales en el suroeste, así como el hartazgo social de los sectores populares, que por supuesto, va mucho más allá de la Región.
En el caso del primero, la obstinación de la empresa minera y el gobierno en querer imponer prácticamente por la fuerza una explotación minera en la cabecera del Río San Juan cerca de la Presa de Sabaneta con riesgos inmensos, desembocó en la más reciente explosión de masas en el sur con decenas de acciones, comunidades campesinas involucradas y miles de trabajadores movilizados por sus derechos, con paralizaciones generales incluidas.
Es en este contexto que nos movilizamos este domingo 7 de junio en víspera del Día Mundial del Medio Ambiente en el lado sur del suroeste, para defender el agua, la vida y los derechos de la población trabajadora, de los abusos combinados del gobierno del PRM, el Consorcio Azucarero Central (CAC), la Belfond y demás empresas destructivas en la Región Enriquillo.
No es extraño que en medio de este panorama, nutridas comitivas del Granero del Sur se aprestan a sumarse a la Marcha-Caravana de Barahona.
La huelga de masas que involucra al pueblo oprimido es el nuevo punto de inflexión, que hacia un horizonte de corto y mediano plazo, apunta la experiencia de San Juan.
El paro como tal, no es necesariamente el punto más alto, ni culminante de estos procesos de luchas: En San Juan, movilizaciones de diversos sectores entre enero y abril, paro general plebiscitario con movilizaciones de masas incluidas el lunes 27 de abril del 2026 en medio de la Jornada Nacional de la Rebeldía impulsada por la CPN y una semana después, movilización general masiva del pueblo con apoyo de la Región y el país que obligan al presidente a declarar la detención de las actividades mineras del Proyecto Romero.
¡¡ QUE NO PASE AQUÍ-LO QUE PASÓ COTUI!!, es el punto que mejor lo resume: Esta consigna, con la cual los trabajadores y comunidades campesinas más radicalizadas, descarrilaron la vista pública de la Goldquest en la comunidad de La Lima / El Ingenito el 9 de abril del 2026, muestra el nuevo estado de conciencia crítica en la población y las masas juveniles frente a las consecuencias socio ambientales que sufre la población con las voraces explotaciones mineras, después de varias décadas de intensa actividad de la Barrick Gold y otras corporaciones en nuestras montañas.
En Cotuí hemos perdido, y mucho, pero las luchas que se han desarrollado allí, las diversas campañas educativas, han enseñado a la población que está sufriendo y observando, y todo ello ha contribuido a que nos levantemos y obtengamos un triunfo, nada más y nada menos que en la vertiente sur de la cordillera central, para recordarnos que no estamos frente a un problema local, sino general. Si la lucha se mantiene y esto se sostiene y proyecta, no es un golpe menor para las corporaciones mineras que tienen decenas de concesiones de exploración en la principal serranía del país.
Esta movilización exitosa en el lado norte del suroeste, por supuesto que inyecta energías a las luchas que desde hace años venimos librando del lado sur en la Región Enriquillo, contra los abusos de la Belfond Enterprises en el Bahoruco oriental.
Basta decir que esta empresa logró, en los primeros 15 días del presente gobierno en el 2020, saltándose todo tipo de requisitos, su odiosa concesión de explotación en la loma de las filipinas, que entre otras cosas llena de polvo a la ciudad turística de Barahona y su malecón.
Un lugar destacado en el hartazgo social en el suroeste y más concretamente en la Región Enriquillo, ocupan desde hace ya más de 20 años, los abusos del Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del Ingenio Barahona.
Digamos algunas cosillas: Las tropelías del consorcio empezaron desde el año 2000 cuando inició sus operaciones, pero sólo a finales del año 2020 se empezó a organizar un movimiento estructurado para exigir al Estado la terminación de su contrato y la recuperación y cooperativización del Ingenio Barahona.
Es muy difícil encontrar en el suroeste otra figura corporativa que iguale en abusos sociales y ambientales a este consorcio dirigido desde siempre por el antiguo empleado de la Casa Vicini Virgilio Pérez Bernard y controlado mayoritariamente por la Familia Campollo de Guatemala.
El contrato de arrendamiento de los activos del Ingenio Barahona (tierras, fábricas, bueyes, herramientas), se firmó por 30 años, el 13 de diciembre de 1999.
Según el texto original, las partes (El Estado y el CAC), podrían renegociar los términos del contrato, 5 años antes de su finalización el próximo 13 de diciembre del 2029, dentro de poco más de 3 años, de lo contrario el CAC debía devolver los activos del ingenio para esa fecha.
Los ejecutivos del CAC se las arreglaron para conseguir una enmienda del contrato en octubre del 2010, que permite una infinidad de facilidades y privilegios para la empresa privada, entre ellos reconducir de manera automática, ó lo que es lo mismo, continuar sucesivamente por 30 años sucesivamente, en las mismas condiciones convenientemente renovadas y quedarse de manera perpetua con el ingenio.
Como se sabe, uno de los abusos permanentes y más odiosos que practica el consorcio contra las familias campesinas que viven y trabajan pequeños predios cercanos a las plantaciones cañeras del CAC, son los despojos y destrucción de las plantaciones en particular de plátanos, alegando que esas tierras están incluidas en su contrato de arrendamiento.
PUES ADIVINEN: En la susodicha enmienda de octubre del 2010 el consorcio logró que el Estado (el CEA), le rebaje en 700 mil dólares anuales la cuota fija que debe pagar, porque alegadamente había recibido 100 mil tareas de tierras menos, a razón de 7 dólares anuales la tarea.
Esas tierras por las que el CAC no paga, porque dice que nunca la recibió, son las mismas, que le está arrebatando con violencia de por medio y apoyo del estado a los campesinos.
Para variar, el gobierno está creando las condiciones para que una obra que nos costará más de mil millones de dólares a los contribuyentes, como la presa de Monte Grande, se le entregue de facto al CAC.
Los movimientos obreros, campesinos, sociales y ambientales de la Región Enriquillo, se preparan para dilucidar antes del 13 de diciembre del 2029, cuando el CAC debía devolver el ingenio, las intríngulis específicas que soportan de este rosario de abusos.
(El autor es ambientalista y representante de la Coordinadora Popular Nacional, República Dominicana).
