Santo Domingo (República Dominicana). – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la lucha contra el comercio ilícito, el contrabando y la competencia desleal se ha convertido en una prioridad estratégica para la República Dominicana.
Advirtió en ese sentido, que estas indebidas prácticas comerciales afectan directamente la salud pública, la economía y la equidad en los mercados.
El funcionario explicó que, mediante una acción coordinada entre instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), Pro Consumidor, entre otras, se busca proteger la industria nacional, fortalecer la formalización económica y garantizar condiciones de competencia justa.
Alcántara sostuvo que “la competencia leal y el comercio formal son pilares fundamentales para erradicar prácticas ilícitas”, destacando que estos elementos impulsan la productividad y promueven una distribución más equitativa de las oportunidades económicas.
Resaltó que las acciones para enfrentar la competencia desleal han contado con el respaldo del presidente Luis Abinader, lo que ha permitido avanzar en la defensa del comercio y la producción formal.
Expresó que este apoyo ha sido clave para abordar prácticas que distorsionan el mercado y afectan tanto a los sectores productivos como a los consumidores.
El funcionario habló sobre el tema durante su participación como panelista en el seminario “Competencia Justa y Comercio Formal: Desafíos para la República Dominicana”, organizado por la Coalición Dominicana para la Competencia Justa (CODOCOM), donde intervino en el panel del sector público titulado “Articulación institucional para fortalecer la competencia justa”.
El titular de Pro Consumidor valoró la iniciativa de CODOCOM, al considerar que fomenta el diálogo entre los sectores público y privado frente a los principales retos del país en materia de comercio ilícito y prácticas desleales. “Son importantes estos seminarios y espacios para abordar problemáticas clave que impactan el comercio y la producción formal en el país”.
Asimismo, destacó que estos encuentros permiten discutir temas neurálgicos para la economía nacional, en un contexto donde se ha contado con el respaldo del Poder Ejecutivo para enfrentar la competencia desleal y otras prácticas que afectan el mercado”, señaló.
No obstante, advirtió que aún persisten desafíos en la actuación de las instituciones responsables de vigilar y regular el mercado.
Sostuvo que es necesario trabajar con mayor firmeza y carácter frente a estas problemáticas, para proteger el desarrollo del comercio formal en todos los sectores, haciendo énfasis en áreas críticas como medicamentos, bebidas alcohólicas y productos de consumo masivo, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del mercado en la República Dominicana.
“Tenemos que actuar frente a este tema con responsabilidad, porque en la medida que crece el negocio informal decrece el comercio formal”, agregó.
Alcántara recalcó, además, la importancia de las alianzas público-privadas, como la impulsada por CODOCOM desde su lanzamiento en noviembre de 2025, para promover la transparencia, el cumplimiento de las normas y la formalización del comercio.
El funcionario advirtió que el comercio ilícito no solo afecta la economía, sino que representa un riesgo directo a la población, especialmente en sectores sensibles como bebidas alcohólicas -incluyendo ron y whisky-, cigarrillos y medicamentos, que figuran entre los más impactados por estas prácticas.
En ese sentido, informó que Pro Consumidor ha intensificado operativos a nivel nacional, logrando retirar del mercado millones de unidades de productos falsificados, principalmente bebidas adulteradas, cigarrillos, puros medicamentos, estimulantes sexuales, entre otros.
Indicó finalmente, que se debe enfrentar los desafíos con determinación, promover el fortalecimiento de la producción nacional y garantizar la seguridad de los consumidores en el acceso a bienes y servicios.
