Por Rafael Díaz Filpo
La discusión sobre la indexación salarial no puede ser reducida a un aspecto técnico del sistema tributario ni a una medida aislada de política económica, pues se trata de un tema que impacta directamente la efectividad de los derechos fundamentales y la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de dignidad a la población, lo que obliga a abordarlo desde una perspectiva constitucional y no únicamente desde la lógica fiscal.
El señalamiento que se ha formulado en torno a la indexación contemplada en el Código Tributario pone en evidencia una realidad que no puede ser ignorada, ya que el mecanismo vigente beneficia a un segmento específico de trabajadores mientras deja fuera a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, lo que genera una distorsión en la finalidad redistributiva que debe orientar la acción del Estado dentro del modelo social y democrático de derecho.
La Constitución dominicana impone al Estado la obligación de promover la igualdad material y de adoptar medidas que permitan reducir las brechas existentes, de modo que cualquier política vinculada al ingreso de los trabajadores debe ser evaluada a la luz de ese mandato, especialmente cuando la realidad muestra que amplios sectores no logran cubrir siquiera los costos básicos de la vida, situación que compromete la efectividad de derechos como la alimentación, la salud y el bienestar general.
En ese contexto, la propuesta de una indexación salarial que incorpore factores como la inflación y el costo de la canasta familiar adquiere relevancia desde el punto de vista jurídico, en la medida en que procura alinear el ingreso de los trabajadores con las condiciones reales de la economía, evitando que el salario pierda su capacidad adquisitiva y que el reconocimiento de derechos quede reducido a una declaración sin contenido material.
La inclusión de pensionados y jubilados dentro de este esquema responde también a una lógica constitucional, pues se trata de sectores que han contribuido al sistema y que requieren protección especial en función de su condición, lo que refuerza la idea de que la indexación no debe ser concebida como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de equilibrio social.
El debate, sin embargo, no debe limitarse a la necesidad de la medida, sino a la forma en que esta debe ser estructurada para garantizar su viabilidad y su coherencia con el ordenamiento jurídico, lo que implica la participación de los poderes públicos en un proceso de construcción normativa que permita armonizar la justicia social con la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal.
La indexación salarial, correctamente diseñada, puede contribuir a reducir tensiones sociales y a fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos, en la medida en que responde a una necesidad real y reconoce la importancia de asegurar condiciones de vida dignas, lo que incide directamente en la paz social y en la estabilidad institucional.
Resulta necesario, en consecuencia, que el Congreso asuma con responsabilidad el estudio de propuestas orientadas a establecer un mecanismo de indexación que responda a criterios objetivos y verificables, incorporando variables económicas que reflejen la realidad del país y asegurando que su alcance incluya a todos los sectores que requieren protección.
Expreso mi apoyo incondicional a la lucha de mi amigo Favio Ruiz que ha tomado la bandera de este importante tema, ahora corresponde a los poderes públicos actuar con visión y responsabilidad, evaluando con rigor las propuestas que buscan corregir distorsiones en el sistema y adoptando las medidas necesarias para garantizar que el salario cumpla su función esencial dentro del orden constitucional, de modo que la justicia social deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible para la población.
(El autor es juez emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana).
