San Juan (Puerto Rico).-La Colectiva Feminista en Construcción estableció que, como si necesitaran más acciones para demostrar el desprecio por las vidas de las mujeres, los legisladores de Partido Nuevo Progresista (PNP), pretenden enmendar el Código Penal para considerar asesinato el aborto en cualquier etapa de gestación.
“Decir que nos criminalizan es poco: con este proyecto nos asesinan; nunca dudamos que esta era la intención de esta administración”, dijo la organización que se caracteriza por su lucha a favor de los derechos de las personas en Puerto Rico.
Apropiándose de la indignación del pueblo y del duelo colectivo ante el feminicidio de Keyshla Rodríguez —quien estaba embarazada al momento de ser asesinada en abril de 2021—, aprobaron la Ley 166-2025 para que se considerara asesinato la muerte de un concebido como resultado del asesinato de la persona gestante.
La Colectiva Feminista estableció que, al reconocerle como víctima por sí misma, los legisladores del PNP abrieron la puerta a la enmienda del Código Civil mediante la Ley 183-2025, que reconoce como persona natural al concebido.
“Esta cadena de decisiones, aprobadas contra todo razonamiento legal, ético, médico y de derechos humanos, nos trajo hasta aquí: a la propuesta de tratarnos como asesinas por ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos”, expresó la organización.
Indicó que el Proyecto del Senado 923 busca ahora culminar ese plan, al proponer enmendar el Artículo 92 del Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación, altera de forma peligrosa el concepto de asesinato, que hoy se define como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”.
Esta redefinición, estableció la Colectiva Femenina, no es neutral ni inocua: es una estrategia punitiva que permitiría procesar penalmente a personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo —ya sea por voluntad propia o por recomendación médica— y criminalizar a quienes proveen servicios de salud reproductiva.
“No hay ambigüedad posible: este proyecto equivale a la ilegalización de facto del aborto en todas sus causales y en cualquier etapa de la gestación”, remató.
Adujo que esta propuesta ley es claramente una regresión y atenta contra nuestros derechos humanos, ya que el reconocimiento jurídico del concebido no puede hacerse en detrimento de los derechos fundamentales de las personas gestantes.
Afirmó que instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos han sido claros: otorgar personalidad jurídica absoluta al concebido pone en riesgo los derechos a la vida, la salud, la dignidad, la autonomía y la integridad corporal de las mujeres y personas gestantes. El Estado no puede priorizar una entidad gestacional sobre la persona viva que gesta sin violar principios básicos de proporcionalidad, igualdad y debido proceso.
Según la Colectiva Feminista en Construcción, este proyecto no protege la vida, sino que instrumentaliza el derecho penal para imponer una visión moral particular sobre la gestación, ignorando las realidades materiales, sociales y económicas que enfrentan mujeres pobres, jóvenes, racializadas, migrantes y sobrevivientes de violencia.
“Bajo la lógica de la justicia reproductiva —desarrollada por mujeres negras y feministas interseccionales— las personas tienen derecho a decidir si tener hijos o no, en qué condiciones tenerlos y a criarlos en entornos seguros y dignos. El P. del S. 923 ataca directamente esos principios”, anotó.
En la práctica, dijo la Colectiva Feminista, este tipo de legislación abre la puerta a consecuencias devastadoras: la criminalización indirecta del embarazo, incluyendo abortos espontáneos y emergencias obstétricas; el fortalecimiento de un sistema punitivo que castiga la pobreza y la precariedad en lugar de garantizar acceso a salud, educación sexual y vivienda; y un efecto disuasivo que aleja a las personas gestantes de buscar atención médica por miedo a ser perseguidas por el Estado.
Aseguró que desde un análisis feminista, este proyecto responde a una larga historia de control estatal sobre los cuerpos reproductivos de las mujeres, pues definir al concebido como “ser humano” en el ámbito penal desplaza a la persona gestante del centro de la protección jurídica, refuerza la maternidad como obligación y no como elección, e invisibiliza la experiencia corporal, emocional y social de la gestación, reduciendo a quien gesta a un mero contenedor reproductivo.
“No se trata de ciencia ni de política pública basada en evidencia, sino de una agenda ideológica que busca avanzar restricciones a los derechos reproductivos por vías indirectas y peligrosamente ambiguas; se trata además de una ofensiva politiquera patética y vulgar para capturar a los votantes del partido Proyecto Dignidad”, según las feministas.
El Proyecto del Senado 923 no es una medida de protección, es una estrategia punitiva que erosiona derechos humanos, contradice el marco de la justicia reproductiva y profundiza desigualdades estructurales desde una lógica patriarcal. Lejos de atender la violencia, la precariedad o las necesidades reales de las personas que criamos, expande el castigo y el control sobre nuestros cuerpos.
“Por estas razones, rechazamos contundentemente el Proyecto del Senado 923 y exigimos a la Asamblea Legislativa que detenga esta ofensiva contra nuestras vidas. Exhortamos a la adopción de políticas públicas centradas en los derechos humanos, la autonomía corporal, la equidad de género y el bienestar integral de las personas, no en la criminalización y el desprecio hacia quienes pueden gestar. De nuestra parte, reiteramos que nos movilizaremos y accionaremos para confrontar este nuevo abuso y amenaza a nuestras vidas”, remató la Colectiva Feminista en Construcción.INS
