Santo Domingo (República Dominicana).- El secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exsenador Adriano Sánchez Roa, denunció que en el año 2025 el consumo percápita de arroz en la República Dominicana se redujo en 22.1 libras, como resultado del alza sostenida de precios, el acaparamiento y una política agropecuaria errada que ha golpeado directamente a las familias de menores ingresos.
Sánchez Roa explicó que la caída del consumo es la consecuencia directa de una distorsión del mercado, provocada por comerciantes importadores que controlan los volúmenes disponibles del cereal para mantener precios artificialmente elevados, con la complacencia del Estado.
“Con el mismo dinero, los dominicanos están comprando menos arroz. Eso no es una casualidad: es el resultado del acaparamiento y de una política que ha abandonado a los productores nacionales”, afirmó.
El dirigente del PLD señaló que bajo el amparo del Ministerio de Agricultura se implementaron mecanismos de acaparamiento que impidieron que tanto el arroz nacional como el importado llegaran al mercado en cantidades suficientes para provocar una baja de precios.
Sánchez Roa indicó que, a pesar de que entre 2021 y 2025 se importaron 6,950,780.32 quintales de arroz, sumados a la producción nacional, el precio del cereal aumentó un 115.6%, colocándolo fuera del alcance de cientos de miles de familias dominicanas.
“Cuando la importación estaba regulada, en 2021, el consumo percápita alcanzaba 144.5 libras anuales, porque aún funcionaba la ley de oferta y demanda”, recordó.
Sin embargo, advirtió que tras el incremento descontrolado de las importaciones en más de un 850% durante 2024, y con almacenes saturados de arroz extranjero que bloquearon la colocación oportuna del arroz nacional en las factorías, el consumo cayó en 2025 a apenas 122.4 libras percápita, reflejando menos alimentos en la mesa de los sectores más pobres.
Sánchez Roa criticó que el Ministerio de Agricultura haya mostrado más interés en favorecer importaciones que en proteger la producción nacional, debilitando al sector arrocero, aumentando la dependencia alimentaria y empujando a la quiebra a miles de productores.
“Esta política beneficia a intereses comerciales concentrados, mientras condena al productor y castiga al consumidor”, concluyó.
