El yacimiento de oro es nuestro, pero Barrick Gold posee el cien por ciento de las acciones de la empresa bautizada engañosamente como “Pueblo Viejo Dominicana”. El Estado es el propietario de la mina, pero no es condueño de la compañía. Primera estafa.
Barrick heredó el mineral, pero no asumió los enormes daños ambientales anteriores, que fueron traspasados al Estado, que dócilmente lo aceptó.
El contrato original fue aprobado al vapor en el Congreso por supuestas órdenes de Leonel Fernández. Los legisladores ni lo leyeron. Dos estafas consentidas.
Pero vamos con el contrato modificado por Danilo Medina-PLD: las enmiendas mejoraron los ingresos gubernamentales, pero se amplió y agravó la estafa ambiental hasta niveles perversos. Abinader también asumió la estafa
Los terrenos que ocupa la empresa, las viviendas destruidas y las compensaciones a las comunidades desalojadas quedan a cargo del Estado.
Igual los nuevos daños ambientales. La minera opera como agente de retención y se lo descuenta al Estado de los impuestos. Ver con atención el acápite 7.2 de la enmienda.
A la Barrick se le concede la prerrogativa de consumir el agua que necesite del embalse de Hatillo, hasta niveles inferiores a la sedimentación. De ahí en adelante el INDRHI está obligado a suministrarle de otras fuentes cercanas.
Todos los gastos de bombeo quedan a cargo del Estado y la Barrick no paga el agua: la tiene que pagar el Estado. Similar tratamiento tiene el 5% asignado a las Alcaldías: lo paga el Estado.
Muchos de los gastos son referidos al “fondo gubernamental de remediación ambiental”. La minera los descuenta de los volúmenes de los ingresos estatales establecidos en el contrato. Leer con atención el acápite 7.8.
Sucesivas estafas servilmente consentidas caracterizan las referidas enmiendas. Entre ellas la relacionada con la presa de cola humedad del Llagal y con la que ahora quieren imponer con similares características.
Al cierre de la mina la costosa administración de esas presas y cualquier desastre posterior los paga el país.
El acápite 9.3 es brutal: el oro es de Barrick, las lagunas de veneno (prohibidas en muchas partes del mundo), es la herencia eterna impuesta al Estado, pese a que hay otras opciones.
Después del desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos. Eso es minería neocolonial inaceptable.
El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con Barrick y su presa de cola.
@narcisoisaconde
(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).
