Santo Domingo, 15 may (INS).-El Ministerio Público solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviar a juicio de fondo a los ex ministros del gobierno anterior Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, implicados en la denominada Operación Calamar, una mega estructura criminal que le costó al Estado más de RD$21 mil millones (359.422.550 estadounidenses) en recursos pagados en violación a la ley.
La Operación Calamar fue el resultado de una indagación anti corrupción realizada por la Fiscalía en la República Dominicana en marzo del 2023 en la que se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. Participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
La intervención resultó en 19 capturas, incluyendo a los ex funcionarios del Gobierno de Danilo Medina Sánchez, luego de una investigación encaminada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La directora de Persecución del Ministerio Público y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, pidieron al tribunal dictar auto de apertura a juicio penal para que allí respondan por los hechos que se le imputan.
Asimismo, solicitaron a la jueza mantener la medida de coerción, de prisión domiciliaria preventiva e impedimento de salida a los imputados, que fue dictada mediante resolución por ser esta la que garantizan que los mismos no se sustraen al proceso penal que se le sigue por los hechos que se le imputan y que mantengan todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
El Ministerio Público señala en la investigación a 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva.
El organismo alega que ese entramado se configuró en instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al fisco.
Supuestamente esas personas constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el expediente, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También, alegadamente, adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de compañías que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de convenios de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
En el caso de los terrenos declarados de utilidad pública, supuestamente crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal.
LOS ACUSADOS
En el documento depositado ante el tribunal, y suministrado a los medios de comunicación, además de los citados ex ministros figuran Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.
Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.
En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
La imputación al caso dada por el Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros. INS
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