La guerra desatada por granceros, areneros y corporaciones de la construcción contra ecologistas defensores de los ríos es vieja y no cesa. Una víctima tras otras y todos los crímenes impunes.
¡Cierto que el mejor estímulo al delito es la impunidad! Esta vez la víctima ha sido Francisco Ortiz Báez, de 39 años, ultimado luego de denunciar la extracción indiscriminada de materiales del río Tireo. Su muerte se produjo a causa de varios balazos en el cráneo.
Comunitarios de la zona se manifestaron con encendidos de velas y coreando “¡Todos somos Francisco!” “¡Exigimos pena máxima!”.
Familiares denunciaron la desaparición de Ortiz Báez luego de que éste revelara los daños al medio ambiente ocasionados por una banda dedicada a la extracción ilegal agregados para empresas protegidas por autoridades corruptas. Luego, su cadáver fue hallado enterrado en la comunidad de Las Cuevas de las Sabanas de San Juan, ubicada entre Azua y Ocoa.
Las granceras y areneras vinculadas a los grandes carteles de la construcción tienen décadas acabando con las cuencas de los ríos en complicidad con las mafias gubernamentales enclavadas en la PN, FFAA, los partidos y los ministerios de energía y mina, y medio ambiente y recursos naturales.
Matan los ríos, matan a sus defensores y no hay quien las toque, en tanto son financiadoras de mafias políticas y se las pasan sobornando altos funcionarios civiles y militares, que operan como garantes de impunidad. Los sobornos se extienden al MP y al poder judicial, lo que le facilita el estatus de impunidad permanente.
La historia se repite en las diferentes regiones y cordilleras del país. No han valido las denuncias ni las pruebas gráficas presentadas en Monseñor Nouel, Sabaneta de Yásica, Nizao, Baní, Barahona, Azua, Monte Plata, Cotuí, Nagua, Dajabón, Higüey…
La protección permanente a estos crímenes de parte de todos los gobiernos, incluido el actual, es realmente indignante. El poder de los carteles de la construcción es inmenso y exige una respuesta popular más contundente.
El asesinato de Francisco en Constanza es algo inaceptable y el movimiento ambiental y popular del país está en el deber de asumir el caso hasta las últimas consecuencias. Sí, porque Francisco somos todos y todas y sus verdugos materiales e intelectuales no deben quedar impunes.
Un Estado ecocida, un Poder depredador, está imposibilitado de impedir estas atrocidades. La acumulación capitalista no respeta nada La simulación predomina y sobresale siempre en la figura presidencial, que promete sanción y nunca cumple. ¡Abundan las complicidades!.
@narcisoisaconde
(El autor es dirigente político residente en Santo Domingo, República Dominicana).
