Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader emitió un decreto que establece la creación de una comisión dedicada a evaluar y proponer mejoras en la operatividad y funcionamiento del Sistema de Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes, con un enfoque especial en los hogares de paso gestionados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Esta comisión, que operará bajo la adscripción administrativa del Ministerio de la Presidencia, tiene como principal objetivo llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo del Modelo de Atención Residencial de Hogares de Paso, identificando áreas de mejora y desarrollando propuestas para el fortalecimiento o rediseño del modelo.
Además, evaluará la cadena logística de suministros, la gobernanza del CONANI y las denuncias realizadas respecto a esta entidad, buscando optimizar los recursos y garantizar la eficacia en la protección de los menores.
Compuesta por destacados miembros de la sociedad dominicana, incluyendo a Iraima Altagracia Capriles Rosado, quien presidirá la comisión, Victor Hipólito Sánchez Feliz, Pedro José Agüero Díaz, Tomás Rafael Polanco Martínez y Juan Linares Muñoz, la comisión trabajará de forma honorífica, sin recibir contraprestación alguna por su participación.
Dentro de los primeros 60 días desde su conformación, la comisión presentará un diagnóstico detallado a la Presidencia de la República, seguido de un informe con recomendaciones para abordar los problemas identificados y fortalecer las acciones y planes en curso.
Este informe será entregado a través del Ministerio de la Presidencia, reforzando el compromiso del gobierno con la mejora continua en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.
Para asegurar el éxito de esta iniciativa, el decreto también establece que los entes y órganos del Poder Ejecutivo proporcionarán a la comisión toda la información necesaria para cumplir con sus funciones, facilitando así un ambiente colaborativo entre diferentes sectores del gobierno.
Este decreto representa un paso adelante en los esfuerzos del gobierno dominicano por asegurar un sistema de protección efectivo y sensible a las necesidades de los menores, marcando un compromiso claro con el bienestar y la seguridad de la niñez y adolescencia en la República Dominicana.
