San Juan (Puerto Rico).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico publicó hoy su informe financiero de mitad de año que brinda un análisis detallado de la posición fiscal de Puerto Rico en la primera mitad del presente año fiscal 2024 y de los potenciales riesgos a las proyecciones financieras en el Plan Fiscal para Puerto Rico.
El informe se basa en los datos financieros disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023.
Asimismo, señala que los ingresos del Fondo General han aumentado desde la pandemia, pero alcanzaron un punto de estancamiento en el pasado año fiscal 2023. Los ingresos del mes de diciembre permanecieron por debajo de las proyecciones para el presente año y mostraron un declive de un año a otro; el primer mes de este año en el que los ingresos reales estuvieron por debajo de las proyecciones y de los recaudos del año anterior.
«Esta es una señal de que los ingresos pueden haberse desacelerado y un recordatorio de que la perspectiva de ingresos es incierta», expresó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr.
Agregó que «el Gobierno tendrá que priorizar cualquier gasto adicional para garantizar que podrá asumir los compromisos de gasto a largo plazo».
En lo que va del año, los ingresos acumulados del Fondo General superaron la proyección en 540 millones de dólares y los ingresos del año anterior en unos 400 millones. El mes de octubre de 2023 representó aproximadamente el 50% del rendimiento superior en lo que va del año. Esto pudiera representar un impacto rezagado con respecto al año fiscal 2022, pues los pagos finales a los contribuyentes que rindieron dentro del periodo de extensión debían realizarse en octubre de 2023.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico señaló que los gastos del Fondo General en lo que va del año se mantuvieron 111 millones de dólares por debajo de los del mismo período del año anterior y 900 millones por debajo de lo proyectado, principalmente debido a demoras en el registro de 355 millones en gastos, y 350 millones adicionales que corresponden a diferencias en el momento en que se incurrieron los gastos en comparación con la proyección.
Destacó que los saldos de caja aumentaron, pero la mayor parte del efectivo sigue asignada a fines específicos y ciertos gastos aún no se reflejan en el balance de la Cuenta Principal del Departamento de Hacienda (TSA, por sus siglas en inglés). El saldo de caja sigue siendo limitado al tomar en cuenta las incertidumbres económicas y los riesgos financieros.
Los riesgos incluyen los fondos federales de Medicaid a largo plazo y la aportación adicional del Gobierno para financiar proyectos de alivio ante desastres debido al alza de costos en respuesta a la inflación y los requisitos de pareo de fondos.
El informe de mitad de año también incorpora riesgos adicionales que han surgido recientemente. Esto incluye la implementación de la legislación contributiva conforme al Pilar 2 de la OCDE a nivel mundial y la legislación reciente que impacta el gasto o los ingresos. En el segundo trimestre, la Legislatura continuó su tendencia de aprobar o promulgar al menos ocho piezas legislativas cuyo costo anual total no financiado se estima entre $10 y $26 millones.
