La Vega (República Dominicana).- Los jueces Lucrecia Rodríguez, Juana Patricia Silverio y Julissa Candelario, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, sentenciaron a 30, 20 y 10 años de prisión a cuatro hombres que vestían de policías para cometer asaltos a mano armada en hechos ocurridos en 2013 en la carretera que conduce de La Vega a Jarabacoa, donde resultó muerto un agente.
El Ministerio Público de esta demarcación obtuvo la condena de 30 años de cárcel a los acusados Rafael Díaz Toribio «El Moreno» y a Yeuris Cerda «Jonathan»; mientras que a 20 fue sentenciado Alexis de Jesús Díaz, y a 10 Rafael Díaz Veloz (padre de Díaz Toribio), implicados en los asaltos y en la muerte del agente Nelly Antonio Olivares Reyes.
Los jueces Rodríguez, Silverio y Candelario dictaron el fallo basados en los elementos probatorios que sustentaron la acusación del Ministerio Público y ordenaron su cumplimiento en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, y La Isleta de Moca, provincia Espaillat.
En este caso también está involucrado como autor, Rafael Rodríguez Aracena, quien fue declarado en rebeldía.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó la fortaleza de expediente y dijo que las pruebas aportadas condujeron a esta condena por los hechos criminales cometidos.
El expediente acusatorio instrumentado por la Fiscalía de La Vega, señala que el 15 de agosto de 2013, alrededor de las 8:30 de la mañana, los imputados simularon autoridad policial y usando armas largas y cortas, montaron un puesto de chequeo en la carretera que conduce de La Vega a Jarabacoa, con la finalidad de realizar robos a las personas que transitaban por el lugar.
Luego de que el Ministerio Público y la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la actividad delictiva, le dieron seguimiento al grupo y lograron el arresto de los condenados, además de recuperar una camioneta y varios celulares, entre otros objetos robados.
En el transcurso de las pesquisas, además fue ocupada una maleta (identificada por testigos) que contenía equipos completos de policía, como armas, chaleco antibalas, botas, insignia, gorras de policía del equipo SWAT, además de tres pistolas y una escopeta, dentro de las que se encontraba un arma sustraída a la víctima Olivares Reyes.
El Ministerio Público demostró que el grupo violó varios artículos del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores, heridas y golpes, robo con violencia, simulación de autoridad y usurpación de funciones, así como robo con armas, homicidio precedido de robo, además de la violación a la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas.
Por otra parte, en San Pedro de Macorís, los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Haydeliza Ramírez Henríquez y Bethania del Carmen Conce Polanco, del Tribunal Colegiado de esta demarcación, dictaron 10 años de prisión contra Jarol Rodríguez Rosario, acusado de agredir con un arma blanca a su expareja en 2020.
Además ordenaron que Rodríguez Rosario, encontrado culpable del crimen de violencia intrafamiliar agravada, por causar grave daño corporal a la víctima con un arma blanca y amenazarla de muerte, cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
Durante el juicio, el fiscal Pedro Adael García de Peña aportó pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron la vinculación de Rodríguez Rosario con el hecho de violencia ocurrido el 19 de diciembre de 2020, mientras ambos se encontraban en la vía pública en el municipio San José de los Llanos.
Producto de la agresión, la víctima resultó con abrasiones y múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, que debido a su alto nivel de gravedad, quedaron en espera de evolución y tratamiento, según estableció en su momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las pruebas además permitieron establecer que con anterioridad a este hecho, el procesado había maltratado y amenazado de muerte a la mujer.
El fiscal García de Peña explicó que la sentencia condenatoria fue impuesta por la violación de las disposiciones de los artículos 309-2 y 309-3, literales b), c) y e) del Código Penal.
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